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Amnistía Internacional, informativo semanal a 20 de septiembre de 2012

21 de septiembre de 2012. Siria será la primera parada en el boletín de esta semana. La población civil continúa siendo la principal víctima de los ataques indiscriminados por parte del ejército del país. Denunciaremos también la novena muerte bajo custodia en el centro de detención de Guantánamo en los últimos diez años. En Gambia, la suspensión condicional de las ejecuciones por parte del presidente no es suficiente. Amnistía Internacional señala que debe ser permanente y que se debe revisar el uso de la pena de muerte en el país. Concluiremos este repaso informativo en Venezuela, donde el gobierno ha anunciado su retirada de la Convención y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el plazo de un año. Un hecho que constituye una afrenta a las víctimas de derechos humanos.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  

Siria: Nuevos datos indican que la población civil es la principal víctima de los ataques indiscriminados

Iniciamos este boletín en Siria, donde la población civil –y en gran parte los menores– es la víctima principal de una campaña de ataques indiscriminados lanzados por el ejército del país. Esta es la principal conclusión de un nuevo informe de Amnistía Internacional basado en investigaciones sobre los ataques que mataron a 166 civiles e hirieron a cientos más en 26 ciudades y pueblos de las regiones de Idlib, Jabal al Zawiya y norte de Hama en los primeros días de septiembre.

El informe proporciona nuevas pruebas del patrón de actuación que se ha consolidado en las últimas semanas: las fuerzas gubernamentales, cuando son obligadas a retirarse de una zona por las fuerzas de la oposición, bombardean indiscriminadamente el territorio perdido. Además, usan armas concebidas para el campo de batalla que no pueden dirigirse contra objetivos específicos, pese a saber que las víctimas de esos ataques indiscriminados son casi siempre civiles.

Amnistía Internacional señala que estos ataques han pasado desapercibidos al centrarse toda la atención informativa en los combates de Alepo y Damasco. La organización denuncia que los civiles mueren o resultan heridos en sus casas, cuando corren para ponerse a cubierto o en los mismos lugares en los que tratan de refugiarse de los bombardeos.

Asímismo, los ataques cerca de hospitales después de la llegada de un gran número de víctimas, o contra las colas de gente que aguarda para comprar el pan, hacen sospechar que iban dirigidos deliberadamente contra grandes concentraciones de civiles, lo cual constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y un crimen de guerra.

Por otro lado, la elevada cifra de muertes de menores subraya aún más el carácter indiscriminado de muchos de los ataques del ejército sirio. Sin embargo, la comunidad internacional permanece paralizada y dividida por desacuerdos que, hasta el momento, han impedido ejercer una presión efectiva sobre los responsables de esos ataques. El Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir cuanto antes la situación de Siria a la fiscal de la Corte Penal Internacional para garantizar que los responsables de estos crímenes de guerra y otros delitos de derecho internacional comparecen ante la justicia.

EEUU: Una nueva muerte en Guantánamo urge acabar con la detención indefinida

De Siria nos trasladamos en EEUU, donde la muerte de un ciudadano yemení en su undécimo año bajo custodia sin cargos ni juicio en la base naval militar de Guantánamo confirma la necesidad urgente de que las autoridades estadounidenses resuelvan los casos pendientes de innumerables detenidos y cierren, de una vez por todas, el centro de detención.

En un principio, las autoridades militares estadounidenses anunciaron que un detenido había muerto en Guantánamo la tarde del 8 de septiembre pero no revelaron la identidad ni la nacionalidad del hombre a la espera de confirmación por parte de sus familiares. Desde entonces se ha constatado que el detenido era Adnan Farhan Abdul Latif, un ciudadano yemení que llevaba recluido en la base militar desde enero de 2002.

Con él ya son nueve los presos de Guantánamo que han muerto bajo custodia en los últimos diez años desde que las fuerzas militares estadounidenses comenzaran sus operaciones de detención en la base. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de EEUU que resuelvan urgentemente la situación de los 167 hombres que todavía permanecen en Guantánamo. Los detenidos deben ser sometidos a juicios justos ante tribunales independientes o deben ser puestos en libertad, y los juicios ante comisiones militares deben desestimarse.

Así mismo, la organización ha señalado que debe llevarse a cabo una investigación independiente y dirigida por civiles sobre la muerte de Adnan Latif. Según las autoridades militares estadounidenses, de las anteriores ocho muertes en Guantánamo, seis se debieron a suicidios y dos se produjeron por muerte natural. Latif había intentado suicidarse en varias ocasiones.

Gambia: La suspensión condicional de las ejecuciones no es suficiente

Nos trasladamos ahora hasta Gambia. El pasado 14 de septiembre su presidente anunció la suspensión condicional de las ejecuciones cuando estaba a punto de cumplirse el plazo que había fijado para ejecutar todas las condenas de muerte. Según Amnistía Internacional, este suspensión debería ser permanente pues de esta forma deja en grave peligro de ejecución a al menos 38 personas.

El presidente ha anunciado que lo que suceda después dependerá de que se observe un descenso en los índices de delincuencia violenta, en cuyo caso la suspensión será indefinida, o un incremento de esos índices, en cuyo caso se levantaría la suspensión de manera automática.

Según la declaración del gobierno, el presidente respetaría la Constitución y el derecho interno, pero a Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que hasta ahora el gobierno no haya respetado sus propias leyes. Por ello, la organización considera que es el momento de que la Asamblea Nacional de Gambia revise el uso de la pena de muerte en el país.

Amnistía Internacional denuncia que esta medida no alivia la angustia de los condenados ni de sus familias, quienes no han podido acercarse a la prisión ni comunicarse con los reclusos. Además, el sistema judicial gambiano no es capaz de garantizar juicios con las debidas garantías ni la protección de los derechos humanos de todas las personas, ya que se caracteriza por estar sometido a presiones políticas y por obtener ‘confesiones’ bajo coacción.

Venezuela: La ruptura con la corte regional de derechos humanos es "una afrenta a las víctimas"

Por último, nos detenemos en Venezuela. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha confirmado que ha recibido la petición formal del gobierno de Venezuela de retirarse de la Convención y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la OEA vigila, en el plazo de un año. Un hecho que, según Amnistía Internacional, constituye una afrenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos ya que no podrán presentar denuncias ante la corte regional cuando no puedan hacer valer sus derechos en el país.

El sistema interamericano de derechos humanos, a través de los órganos que lo componen –la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos– es un necesario complemento de la protección que proporcionan instancias nacionales en las Américas. A lo largo de los últimos años, miles de víctimas y familiares en todo el continente han visto en los órganos del sistema interamericano la única posibilidad de obtener justicia, cuando la misma es negada a nivel interno.

La Constitución Bolivariana de Venezuela actualmente garantiza a todas las personas el derecho a acceder a los organismos internacionales, pero una vez que la actual decisión del gobierno entre en vigor en un año, el camino a la justicia quedará bloqueado. La gente ya no tendrá acceso a la Corte Interamericana, la más alta instancia de justicia en el continente americano.

Amnistía Internacional se une al llamado a las autoridades de Venezuela del secretario general de la Organización de Estados Americanos y de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que reconsideren esta decisión.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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