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Amnistía Internacional, informativo semanal a 7 de septiembre de 2012

6 de septiembre de 2012. Comenzamos nuestro boletín semanal en España, en donde Amnistía Internacional y otras tres organizaciones de la sociedad civil han denundiado que la reforma sanitaria que entró en vigor el pasado 1 de septiembre y que deja sin asistencia sanitaria a decenas de miles de inimgrantes supone "una nueva violación de derechos humanos". Iremos hasta Italia, donde se celebra el Foro Urbano Mundial. Amnistía Internacional pide a los países reunidos en este encuentro que tomen las medidas necesarias para acabar con los desalojos forzosos. En Colombia, una sentencia contra un militar por violaciones de los derechos humanos aumenta la esperanza de que las víctimas de dichas violaciones de puedan obtener verdad, justicia y reparación. Por último, en Israel, la sentencia por la muerte de la activista norteamericana Rachel Corrie deja al descubierto la impunidad con la que actúa el ejército israelí en los territorios palestinos ocupados.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  Duración aproximada: 00:11:00

España: Con la reforma sanitaria entra en vigor una nueva violación de derechos humanos.

Con la entrada en vigor la reforma sanitaria, España incurre en una violación de los derechos humanos, al limitar el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y adoptar una medida regresiva y discriminatoria. Así lo han denunciado Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y semFYC.

Estas organizaciones vienen explicando que la no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes mayores de edad en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud. Estas personas solo serán atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto.

José Antonio Monago, presidente de Extremadura, afirmó ante los medios de comunicación que el cobro de una cuota a los inmigrantes irregulares por asistencia sanitaria "no es una cuestión de humanidad sino de presupuesto". Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) afirman que la cuestión es, en realidad, de derechos humanos y de cumplir o no con la legislación internacional y las exigencias de la ética profesional.

Las organizaciones advierten de las graves consecuencias que las restricciones en el acceso a la atención sanitaria pueden implicar para quienes sufran enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles y enfermedades mentales, suponiendo además un riesgo para la salud de toda la población.

Recuerdan asimismo que los Estados tienen la obligación de proteger a los miembros vulnerables de la sociedad, incluso en épocas de limitaciones graves de recursos, que es cuando deben redoblar dichos esfuerzos.

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y SEMFYC exigen al gobierno el cumplimiento íntegro de sus obligaciones internacionales. Así lo hizo ya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que advirtió a España de que la reforma sanitaria no debe limitar el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal.

Foro Urbano Mundial: Los líderes mundiales deben acabar con los desalojos forzosos

Poner fin a los desalojos forzosos y respetar el derecho a la vivienda son dos puntos que deben ocupar un lugar prioritario en la agenda de las autoridades de más de 100 países que se reunen en la ciudad italiana de Nápoles con motivo del Sexto Foro Urbano Mundial, ha dicho Amnistía Internacional.

En los debates del Foro deben tratarse los planes para abordar los problemas a los que se enfrentan millones de personas que viven en condiciones inadecuadas en asentamientos precarios e informales de ciudades de todo el mundo, ha dicho la organización.

Millones de personas siguen viviendo en viviendas inadecuadas, sin acceso a agua no contaminada, saneamiento y otros servicios fundamentales, en asentamientos precarios e informales de todo el mundo. También siguen en peligro de sufrir desalojos forzosos y ser expulsadas ilegalmente, perdiendo en este proceso sus posesiones, las relaciones con sus familias y el acceso al trabajo la educación y los servicios de atención a la salud.

Estas graves violaciones del derecho a una vivienda adecuada que se producen tanto en ciudades ricas como pobres están causando una crisis que los gobiernos deben abordar para conseguir un verdadero futuro urbano seguro.

Colombia: Una condena por violación y asesinatos relacionados con el conflicto, “una victoria poco habitual”

La condena impuesta por un tribunal civil a un suboficial del ejército colombiano por el asesinato y la violación de una niña constituye una victoria poco habitual para quienes hacen campaña contra la impunidad por los delitos sexuales cometidos durante las décadas de conflicto armado en Colombia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

El subteniente Raúl Muñoz Linares fue condenado a 60 años de prisión por la violación y el asesinato de Jenni Torres, de 14 años, así como por el asesinato de los hermanos de ésta –Jimi, de nueve años, y Jefferson, de seis– y por la violación de otra niña, todo ello ocurrido en Tame, en la región de Arauca, noreste de Colombia, en octubre de 2010.

La condena de Raúl Muñoz da testimonio de la perseverancia de las familias de las víctimas y sus abogados. Es poco habitual que los autores de abusos contra los derechos humanos comparezcan ante la justicia en Colombia, y más cuando son miembros de las fuerzas de seguridad.

El caso contra el subteniente se demoró repetidamente por las dudosas tácticas dilatorias de sus abogados defensores y por la negativa del batallón local del ejército a ayudar a las familias de las víctimas.

Cuando los tres menores asesinados desaparecieron en Tame en octubre de 2010, el ejército se negó a ayudar a buscarlos. Más tarde, cuando se encontraron los cadáveres, las autoridades locales se negaron a recuperar los restos.

La violencia sexual sigue siendo un rasgo característico del conflicto armado de Colombia, que dura ya 45 años. Todas las partes enfrentadas –las fuerzas de seguridad, las guerrillas y los paramilitares– han sido responsables de ese tipo de delitos.

En 2008, la Corte Constitucional de Colombia describió la violencia sexual cometida en el contexto del conflicto como una práctica “habitual, extendida, sistemática e invisible”, y pidió a las autoridades que tomaran medidas efectivas para poner fin tanto a dicha violencia como a la impunidad para sus responsables. Sin embargo, cuatro años después, la gran mayoría de los responsables de delitos sexuales relacionados con el conflicto siguen eludiendo la justicia.

La sentencia sobre Rachel Corrie pone de relieve la impunidad del ejército israelí

Amnistía Internacional ha rechazado la sentencia del tribunal israelí que establece que el gobierno de Israel no tiene ninguna responsabilidad en la muerte de Rachel Corrie, afirmando que esta resolución da continuidad a la constante de impunidad por las violaciones cometidas por el ejército israelí contra civiles y defensores de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados.

La sentencia protege al personal militar israelí de la rendición de cuentas y hace caso omiso de los graves defectos de la investigación interna del ejército israelí sobre la muerte de Corrie.

Rachel Corrie era una activista estadounidense pacífica a la que mataron cuando intentaba proteger una vivienda palestina de la fuerza aplastante de un bulldozer militar israelí. Más de nueve años después de la muerte de Corrie, las autoridades israelíes aún no han cumplido sus promesas de realizar una investigación ‘exhaustiva, creíble y transparente. Por el contrario, un tribunal israelí ha confirmado la viciada investigación militar y ha dictado una sentencia que, una vez más, protege al ejército israelí de cualquier tipo de rendición de cuentas.

La sentencia, dictada por el juez Oded Gershon del Tribunal de Distrito de Haifa, sostiene que el ejército israelí no es responsable de los “daños causados” porque el 16 de marzo de 2003, el bulldozer D9 Caterpillar participaba en una operación de combate en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

El derecho internacional humanitario prohíbe la destrucción de propiedades salvo que lo requiera una necesidad militar imperiosa, y exige que en toda operación militar se adopten precauciones constantes para proteger a la población civil. Rachel Corrie era claramente identificable como civil, pues llevaba un chaleco de color naranja fluorescente cuando murió. Tanto ella como otros activistas no violentos llevaban varias horas manifestándose contra las demoliciones cuando el bulldozer militar israelí la atropelló.

Al confirmar la viciada investigación militar israelí, realizada antes de que transcurriera un mes desde la muerte de Rachel Corrie en 2003, la sentencia parece hacer caso omiso de las pruebas de peso presentadas ante el tribunal, incluidas las declaraciones de testigos presenciales.

Amnistía Internacional viene haciendo desde hace muchos años críticas similares al sistema israelí de investigaciones militares. Las investigaciones militares israelíes carecen de independencia, imparcialidad, transparencia, especialización apropiada y facultades de investigación suficientes. El hecho de que ni Israel ni el gobierno de facto de Hamás realizaran investigaciones creíbles de las violaciones cometidas durante el conflicto hizo que Amnistía Internacional pidiera que la situación de Gaza fuera remitida a la Corte Penal Internacional.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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