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Amnistía Internacional, informativo semanal a 24 de agosto de 2012

31 de agosto de 2012. Comenzamos nuestro boletín en Rusia. Amnistía Internacional pide a las autoridades que ponga en libertad incondicional e inmediata a las tres integrantes del grupo Pussy Riot condenadas a dos años de cárcel por "vandalismo basado en el hecho religioso". En Bolivia, las autoridades siguen sin proporcionar reparación a las decenas de víctimas de violaciones de derechos humanos durante gobiernos militares y autoritarios. La impunidad es un hecho también en el Salvador, en donde la matanza de El Calabozo sigue sin ser adecuadamente investigada 30 años después. Por otra parte, en Gambia, el presidente Yaya Jammeh ha hecho un llamamiento para que se ejecuten todas las sentencias de muerte pendientes. Amnistía Internacional le pide que rectifique.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  

Rusia: Un tribunal condena a Pussy Riot a dos años de prisión

La decisión adoptada por un tribunal ruso de declarar culpables a las integrantes del grupo de punk rock protesta Pussy Riot es un duro golpe para la libertad de expresión en el país, ha declarado Amnistía Internacional.

Tres integrantes de este grupo musical femenino han sido acusadas formalmente de “vandalismo basado en el odio religioso” por interpretar una canción protesta en la principal catedral ortodoxa de Moscú el pasado mes de febrero. El juez las ha condenado a dos años de prisión en un centro penitenciario. Los abogados de las tres jóvenes han declarado que tienen pensado recurrir el fallo.

Amnistía Internacional ha afirmado que cree que el juicio de las encausadas de Pussy Riot —Maria Alekhina, Ekaterina Samutsevich y Nadezhda Tolokonnikova— tuvo motivación política y que fueron enjuiciadas injustamente por lo que fue una acción de protesta legítima. La organización considera a las tres activistas presas de conciencia, detenidas únicamente por la expresión pacífica de sus creencias. Para Amnistía Internacional, las autoridades rusas deben anular la resolución judicial y poner en libertad a las integrantes de Pussy Riot de forma inmediata e incondicional.

Pussy Riot interpretó la canción protesta “Virgen María, líbranos de Putin” en la catedral de Cristo Salvador de Moscú el 21 de febrero, con las caras de las integrantes cubiertas con pasamontañas.

La canción pedía a la Virgen que se hiciera feminista y desterrase a Vladimir Putin. También criticaba la dedicación y el apoyo que mostraban a Putin algunos representantes de la iglesia ortodoxa rusa. Fue una de las diversas actuaciones organizadas como protesta contra Vladimir Putin en el periodo previo a las elecciones presidenciales de Rusia de marzo.

Bolivia: Las autoridades deben otorgar reparaciones integrales a víctimas de violaciones de derechos humanos

Las autoridades de Bolivia deben otorgar reparaciones integrales a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante los regímenes militares y autoritarios en el país, en línea con los principios internacionales, según Amnistía Internacional.

Durante los siete años del régimen de Bánzer y otros gobiernos militares o autoritarios entre 1964 y 1982 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas y desapariciones forzadas.

A pesar de algunos pasos positivos que se han tomado, incluyendo la exhumación de restos de desaparecidos, no se han logrado avances en la identificación y enjuiciamiento de los responsables. Los archivos militares no se han desclasificado y miles de víctimas y familiares esperan sus reparaciones.

Desde la promulgación de una ley sobre resarcimiento a víctimas de violencia política, en marzo de 2004, el Ministerio de Justicia de Bolivia recibió alrededor de 6.200 solicitudes. Sin embargo, según datos oficiales, sólo 1,714 personas han sido calificadas como beneficiarias. De estas, hasta la fecha, alrededor de 800 personas habrían recibido alguna compensación económica. El resto de las peticiones han sido desestimadas.

Para poder acceder a las medidas de resarcimiento, el Ministerio de Justicia solicitó a las víctimas certificados médicos forenses sobre las torturas sufridas, certificados de defunción de personas y otros documentos de la época que resultaban difíciles o incluso imposibles de obtener. Los requisitos impuestos por las autoridades para obtener las reparaciones establecidas por ley han sido sumamente restrictivos y han imposibilitado a muchas víctimas acceder a cualquier medida de reparación, además de promover la re victimización de muchas de ellas.

Según Amnistía Internacional, es imprescindible que el Gobierno instaure un mecanismo de apelación y revisión de las solicitudes que garantice a los sobrevivientes y los familiares de víctimas su legítimo derecho a obtener reparaciones por las violaciones sufridas.

El Salvador: Las autoridades deben investigar la masacre de El Calabozo

Las autoridades de El Salvador deben actuar con urgencia para investigar y hacer comparecer ante la justicia a los responsables de la muerte de más de 200 personas en la región septentrional de San Vicente durante una operación militar en 1982, ha declarado Amnistía Internacional.

Más de 200 hombres, mujeres, niños y niñas perdieron la vida de forma violenta en lo que hoy se conoce como la “masacre de El Calabozo”, cometida el 22 de agosto de 1982 junto al río Amatitán.

Es difícil confirmar el número de personas que murieron ese día. Según informes, los soldados, pertenecientes al Batallón Atlacatl, entrenado por Estados Unidos, arrojaron ácido sobre algunos de los cuerpos y el río se llevó muchos de los cadáveres.

En 1992, algunos de los sobrevivientes iniciaron un expediente judicial ante las autoridades, pidiendo que se investigaran los crímenes y que los responsables rindieran cuentas de sus actos ante la justicia. No se ha adoptado ninguna medida aún.

Los y las sobrevivientes y familiares de las personas asesinadas en El Calabozo reviven el dolor de ese día una y otra vez, como si hubiera ocurrido ayer. Las autoridades salvadoreñas han agravado su dolor y su trauma al no hacer comparecer ante la justicia a ninguna de las personas que ordenaron o cometieron la masacre. Treinta años después, ya es hora de poner fin a esta farsa proporcionando finalmente una reparación a sobrevivientes y familiares, y enjuiciando a los responsables de este terrible crimen.

Gambia: El presidente Jammeh debe retirar su llamamiento a la ejecución de personas condenadas a muerte

Las declaraciones del presidente de Gambia Yahya Jammeh, en las que afirmó que personas condenadas a muerte en Gambia serán ejecutadas antes de septiembre, deben retirarse y no convertirse en realidad, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. El presidente Jammeh hizo estas declaraciones en un discurso televisado que se emitió la noche del domingo y se repitió el lunes para conmemorar la festividad musulmana de Eid al Fitrt.

Si se llevan a cabo estas ejecuciones, supondría el fin de 27 años sin ejecuciones en Gambia, ya que la última se llevo a cabo en 1985.

Los comentarios del presidente Jammeh son sumamente inquietantes, y sin duda provocarán una gran angustia a las personas condenadas a muerte y a sus familias. Cualquier intento de convertir esta amenaza en realidad sería una auténtica vergüenza y un importante retroceso para los derechos humanos en Gambia.

Para Amnistía Internacional, La declaración del presidente supone un marcado contraste con la tendencia, tanto en África occidental como en el resto del mundo, hacia el fin de la aplicación de la pena de muerte.

No es la primera vez que el presidente Jammeh realiza amenazas de este tipo. En septiembre de 2009 anunció la reanudación de las ejecuciones para contrarrestar el aumento de la delincuencia. En octubre de ese año se atribuyeron al director de la Fiscalía declaraciones en las que afirmaba que todas las personas condenadas a muerte serían ejecutadas mediante ahorcamiento lo antes posible.

Aunque no se llevaron a cabo ejecuciones después de estas declaraciones, la amenaza actual sigue constituyendo motivo de gran preocupación.

Según el gobierno de Gambia, a 31 de diciembre de 2011 había 42 hombres y 2 mujeres condenados a muerte; 13 de ellos habían sido condenados ese mismo año. En Gambia la pena capital puede imponerse por asesinato y traición.

La preocupación de la organización se ve incrementada por el hecho de que los juicios injustos son habituales en el país; se sabe que las condenas a muerte se utilizan como instrumento contra la oposición política y que no se respetan las normas internacionales sobre juicios con garantías.

“El número de juicios manifiestamente injustos es escandaloso, y constituye un motivo de especial preocupación en los casos en los que se impone la pena de muerte.”

En los últimos años, ningún país de África occidental ha ejecutado a personas condenadas a muerte; en los últimos cinco años, en esta zona de África se ha abolido la pena de muerte para todos los delitos en Togo, y lo mismo ha ocurrido en Burundi, Gabón y Ruanda. En lo que respecta a África, 38 de los 54 Estados miembros de la Unión Africana, también más de dos tercios, son abolicionistas en la ley (16) o en la práctica (22).

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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