En nuestro boletín informativo de esta semana hablaremos de Egipto, donde deben anularse con urgencia los nuevos y peligrosos poderes otorgados a los militares. Una nueva norma les permitiría detener e investigar a civiles por una amplia variedad de delitos. En México, las autoridades deben poner en libertad a dos activistas indígenas condenados con cargos falsos. Ya han cumplido dos de los siete años a los que fueron condenados. Hablaremos también de la nueva fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, cuyo nombramiento genera grandes expectativas para establecer un procedimiento más sólido en la Corte. Terminaremos este boletín solicitando a las autoridades e instituciones de la Unión Europea que dejen de poner en peligro a las personas en las fronteras de Europa.

Egipto: Deben anularse con urgencia los nuevos y "peligrosos" poderes otorgados a los militares

Iniciamos este repaso en Egipto. La decisión del Ministerio de Justicia de ampliar las atribuciones de los militares para detener e investigar a civiles por una amplia variedad de delitos prepara el terreno para la comisión de nuevas violaciones de derechos humanos, por lo que debe anularse con urgencia.

Con esta medida, la policía militar y los agentes de los servicios de inteligencia tienen ahora los mismos poderes que la policía judicial para ocuparse de civiles sospechosos de delitos relacionados con la seguridad nacional y el orden público como oponer resistencia a las autoridades públicas y desobedecer sus órdenes, agredir con insultos y otros actos, dañar bienes públicos, interrumpir el tráfico, organizar huelgas en lugares públicos clave y actuar con "matonismo".

En el marco de las protestas que vienen celebrándose desde principios de 2011 se ha sancionado de manera habitual a manifestantes pacíficos por estos delitos. En vez de investigar los graves abusos cometidos por militares contra manifestantes y otras personas desde enero de 2011, las autoridades egipcias les están dando carta blanca para detener a civiles.

Amnistía Internacional teme que se someta a juicio ante tribunales militares a los civiles detenidos e investigados en virtud de esta nueva decisión. Jamás debe juzgarse a civiles ante tribunales militares. Las personas recluidas únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de reunión deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones.

México: AI pide liberar a los activistas indígenas encarcelados por cargos falsos

Nos trasladamos hasta México donde Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a liberar de manera inmediata e incondicional a los dos hombres indígenas que fueron encarcelados tras un juicio injusto en el estado de Puebla. La organización pide que el caso sea revisado según las normas internacionales sobre juicios justos y la Constitución mexicana.

En 2010, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz fueron condenados a siete años de cárcel por cargos falsos de robo de un automóvil. Ambos niegan los cargos y Amnistía Internacional los considera presos de conciencia tras concluir que fueron detenidos y encarcelados como represalia por trabajar en la mejora del acceso de su comunidad a la red de suministro de agua.

La organización ha documentado otros varios casos en los que defensores mexicanos de los derechos humanos han sido enjuiciados y condenados sobre la base de pruebas fabricadas. En el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, no se realizó una investigación apropiada que respaldase los cargos y el juez no tuvo en consideración las pruebas aportadas por la defensa, a la vez que aceptaba sin cuestionarlos los argumentos de la acusación.

Todo ello se vio complicado por el hecho de que los acusados, que tienen dificultades para expresarse en español, en ningún momento contaron con los servicios de un intérprete ni de un abogado que conociese su cultura ni su idioma nativo.

CPI: La nueva fiscal crea grandes expectativas

Hablamos ahora de la Corte Penal Internacional. La toma de posesión de Fatou Bensouda como segunda persona que ocupa el cargo de fiscal marca el comienzo de una nueva era en la justicia internacional y trae consigo la posibilidad de aplicar un enfoque más sólido a la estrategia de procesamiento de la Corte.

La gambiana Fatou Bensouda toma el relevo de Luis Moreno Ocampo, tras desempeñar el cargo de fiscal adjunta de la Corte desde 2004. Antes de tomar posesión de su cargo, Fatou Bensouda estableció diversas prioridades a las que atenderá durante su mandado, entre ellas el examen de la calidad y eficiencia de las investigaciones y enjuiciamientos, la elaboración de una sólida política de género y la aclaración del proceso por el que la Fiscalía decide dónde llevar a cabo investigaciones.

Amnistía Internacional ha expresado anteriormente su preocupación por que algunos aspectos de la estrategia de procesamiento sean demasiado restrictivos, en particular por los limitados cargos presentados en la primera causa de la Corte contra Thomas Lubanga, a quien sólo se acusó de alistar y reclutar a niños soldados. No se investigaron plenamente otros presuntos delitos, como violencia sexual.

Se le plantean varios retos políticos significativos a la nueva fiscal. En los últimos años, la Unión Africana ha tomado medidas que menoscaban la Corte Penal Internacional, como negarse a cooperar en la detención del presidente sudanés Omar al-Bashir, alegando que la Corte sólo procesa a africanos.

Mientras tanto, otros Estados, como Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, están insistiendo en aplicar unos recortes presupuestarios que amenazan con menoscabar el trabajo de la Corte.

Unión Europea: El Parlamento Europeo debe defender a las personas migrantes

Concluimos este repaso en la Unión Europea. Amnistía Internacional pide a los gobiernos e instituciones europeas que dejen de poner en peligro a las personas en las fronteras de Europa. La organización pedirá a los miembros del Parlamento Europeo que cumplan con su función de “organismo de control” y exijan a gobiernos e instituciones que rindan cuentas acerca de cómo tratan a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en las fronteras europeas.

En sus intentos de frenar la ‘inmigración ilegal’, los países europeos han reforzado sus medidas de control de fronteras más allá de éstas, sin tener en cuenta el coste humano. En 2011, al menos 1.500 personas murieron ahogadas en el mar Mediterráneo cuando intentaban llegar a Europa. Algunas de esas muertes eran evitables.

Además, en los últimos años se ha obligado a algunos sobrevivientes a regresar a países donde corrían peligro de sufrir abusos y malos tratos. En varias ocasiones, Italia obligó a personas a regresar a Libia, donde fueron detenidas y sufrieron malos tratos. En un entorno en el que apenas existe transparencia o vigilancia, los abusos contra los derechos humanos suelen quedar sin castigo a lo largo de las costas y fronteras de Europa.

Amnistía Internacional ha lanzado la campaña Cuando no existes, centrada en la difícil situación de estas personas migrantes. Tiene como fin exigir responsabilidades a cualquier país europeo que vulnere los derechos humanos al aplicar sus controles migratorios.

En la actualidad, Europa no está promoviendo y respetando los derechos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. La hostilidad es generalizada y no suele informarse del maltrato. Mientras las personas en movimiento sean invisibles, no dejarán de estar expuestas a sufrir abusos.