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Amnistía Internacional, informativo semanal a 31 de mayo de 2012

2 de junio de 2012. Esta semana, en nuestro boletín informativo hablaremos de España. Las organizaciones que componen la coalición ‘Armas bajo Control’ han recordado que la crisis económica no debe servir de excusa para dejar de cumplir la Ley sobre Comercio de Armas. Así mismo, han denunciado algunas exportaciones preocupantes de armas y material de defensa y seguridad autorizadas por parte del Gobierno durante el año pasado. También en España, la ONU ha cuestionado los recortes sociales impulsados por el Ejecutivo. Además, hablaremos de Siria. El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado los ataques a la localidad de Hula, donde murieron más de 100 personas. Sin embargo, aún no ha tomado medidas concretas para impedir que se vuelvan a perpetrar ataques como éste. Por último, concluiremos nuestro repaso en Perú. La comunidad indígena de los sarayakus ha hecho llegar su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Desde 2002 han visto como una empresa petrolera explorara en sus tierras la posibilidad de saquear sus combustibles fósiles.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  Duración aproximada: 00:08:30

España: La crisis económica no debe servir de excusa para dejar de cumplir la Ley sobre Comercio de Armas

Arrancamos en España, donde las organizaciones de la coalición ‘Armas bajo control’, de la que forma parte Amnistía Internacional, han denunciado que durante 2011 se han seguido produciendo exportaciones preocupantes de armas y material de defensa y seguridad a países como Arabia Saudí, Bahréin y Egipto en plena primavera árabe con el riesgo de ser utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos.

En un nuevo informe relativo al total de exportaciones realizadas el pasado año, las ONG alertan del peligro de que la crisis económica sirva de excusa para dejar de cumplir la Ley sobre Comercio de Armas. Ante la decisión del Gobierno de apoyar con dinero público las exportaciones de armas españolas a través de créditos y de acciones de promoción, las organizaciones instan a que cualquier operación de este tipo se ajuste escrupulosamente a la normativa vigente.

Arabia Saudí constituye uno de los casos que más preocupación despierta en las organizaciones. No sólo por las exportaciones del pasado año sino por la operación, actualmente en marcha, que podría culminar en la venta al reino saudí de 250 carros de combate Leopard. Además de los países del Norte de África y Oriente Próximo, en la lista de operaciones preocupantes figuran entre otras las realizadas a Colombia, México, Estados Unidos, Ghana, Israel y Pakistán.

El informe pide reforzar el control de las exportaciones consideradas preocupantes para los derechos humanos, que las estadísticas sean hechas públicas con mayor antelación por parte del gobierno, así como mejorar los mecanismos para el seguimiento del material en el país de destino.

2012 es un año decisivo para lograr una regulación internacional efectiva del comercio de armas, ya que la ONU ha convocado a los países miembros de la organización a discutir en julio en Nueva York el texto de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA). Las organizaciones reiteran que dicho tratado ha de incluir garantías sólidas de que ningún gobierno pueda autorizar transferencias de armas que puedan ser destinadas a cometer o facilitar la comisión de violaciones y abusos de los derechos humanos.

España: Naciones Unidas pide al Gobierno “revisar” las medidas de austeridad por perjudicar los derechos humanos

No dejamos España porque el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha mostrado su preocupación por la reducción de los niveles de protección efectiva de derechos como la vivienda, la salud, el trabajo y la educación como consecuencia de las medidas de austeridad adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El Comité ha hecho especial hincapié en la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado para paliar los efectos negativos de la crisis en los sectores más desfavorecidos de la población y establece la necesidad de realizar mayores esfuerzos para que los derechos humanos guíen sus estrategias de recuperación económica. El Comité también recomienda a España que garantice que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales y sean en todo caso, temporales, proporcionales y no perjudiciales para estos derechos.

En materia laboral, muestra su preocupación por el incremento de las tasas de desempleo, que afectan especialmente a las personas jóvenes, inmigrantes, gitanas y las personas con discapacidad. En cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, la ONU pide redoblar los esfuerzos para combatir la brecha salarial y los estereotipos de género, así como fomentar la igual representación en los sectores públicos y privados.

En materia de salud, ha señalado que todas las personas que residen en el Estado, cualquiera que sea su situación legal, deben tener garantizado el acceso a los servicios sanitarios. Además, ha recomendado al Gobierno que impulse una reforma legislativa que faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de tal modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad de las entidades bancarias.

Así mismo, la ONU critica que la educación haya sido uno de los sectores más afectados por los recortes y recomienda al Estado que asegure “una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente” y que redoble los esfuerzos para reducir la tasa de abandono escolar temprano, que duplica la media de la UE. Por otro lado, la discriminación, especialmente hacia la población migrante y gitana y hacia las personas con discapacidad, resulta una de las áreas de preocupación transversal. En este sentido, el Comité pide al Estado adoptar una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

Siria: Urge una acción inmediata de la ONU tras el ataque de Hula

Nos trasladamos ahora hasta Siria, donde el Consejo de Seguridad de la ONU no debe limitarse a condenar el ataque perpetrado en la localidad de Hula y que causó la muerte a más de un centenar de civiles, sino que debe remitir sin demora la situación a la Corte Penal Internacional.

Las incursiones y la descarga de bombas, morteros y cohetes por parte de Siria sobre la zona residencial de Teldo dejaron al menos 108 muertos, incluidos 34 mujeres y 50 menores de edad. Según activistas locales, la violencia estalló en Hula cuando soldados destacados en un puesto de control militar sirio abrieron fuego contra manifestantes pacíficos, lo que llevó a miembros de la oposición armada a atacar el puesto de control.

Según informes, algunas personas continúan en paradero desconocido desde el ataque del viernes contra Hula y no se sabe con certeza si han huido o han sido secuestradas. Amnistía Internacional ha recibido los nombres de más de 1.300 víctimas de homicidio en Siria desde el inicio de la misión de observación de la ONU el 14 de abril.

El Consejo de Seguridad condenó el domingo los ataques contra Hula y afirmó que había habido una serie de bombardeos gubernamentales con artillería y tanques contra una zona residencial pero aún no ha tomado medidas concretas para impedir que se vuelvan a perpetrar ataques como éste.

Perú: La lucha de los sarayakus se globaliza

Por último, nos detenemos en Perú. Las tierras tradicionales de los sarayakus, pueblo indígena compuesto por unas 1.200 personas, se encuentran en un área remota de la región del Amazonas, en el este de Ecuador. Su armonía se vio destrozada en 2002, cuando el gobierno de Ecuador, sin consultar con la comunidad, dio permiso a una empresa petrolera extranjera para que explorara en sus tierras la posibilidad de saquear sus combustibles fósiles.

Los sarayakus consiguieron resistirse a esas exploraciones, pero desde entonces libran una batalla legal para obtener reparación y hacer que el Estado rinda cuentas al respecto, así como para garantizar que no se toman, sin su consentimiento, decisiones que afecten a sus vidas.

Las normas internacionales obligan a los Estados a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para poner en marcha proyectos de desarrollo, leyes y políticas que afecten a su forma de vida. Ese consentimiento debe obtenerse mediante una consulta con la cual las comunidades participen en el proceso de toma de decisiones en una fase temprana, y en la que reciban información objetiva en un formato accesible.

Los sarayakus han hecho llegar su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, cuya resolución se espera en breve.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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