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Amnistía Internacional, informativo semanal a 10 de mayo de 2012

12 de mayo de 2012. En el boletín informativo de esta semana comenzaremos hablando de España. Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado ante Naciones Unidas los recortes en materia de derechos sociales realizados por el Ejecutivo del país en los últimos meses. En Bolivia, las autoridades deben garantizar un clima de confianza para resolver el conflicto sobre la construcción de la carretera por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Hablaremos también de Libia, donde el Consejo Nacional de Transición (CNT) no debe restringir la libertad de expresión para proteger la "Revolución del 17 de febrero". Por último, en México, Amnistía Internacional condena enérgicamente los asesinatos de cuatro periodistas; y en Colombia, las FARC deben poner en libertad a un periodista francés que mantienen cautivo desde el 28 de abril.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  Duración aproximada: 00:10:00

España: ONG denuncian ante Naciones Unidas los recortes de derechos sociales impulsados por el Gobierno

Iniciamos este repaso informativo en España. Amnistía Internacional y una coalición de 19 organizaciones de derechos humanos han presentado dos informes ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en los que se alerta sobre la posible vulneración de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Cada año, diversos países acuden ante este comité a rendir cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este año, España está entre los países examinados. El Gobierno español ha presentado un informe en el que se limita a reproducir la normativa adoptada durante los últimos años. Todas las organizaciones han coincidido en asegurar que en el Estado español los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran gravemente amenazados. Además, han insistido en que es precisamente en la actual situación de crisis económica cuando los gobiernos deben hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar los derechos sociales básicos de quienes sufren el brutal impacto de la crisis.

Con respecto al derecho a la vivienda, las organizaciones han denunciado que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente para evitar que miles de familias sean desalojadas de sus casas sin garantía de protección. En lo que respecta al derecho a la salud, los representantes de la sociedad civil han solicitado que se asegure que los requisitos para acceder a los servicios médicos no creen barreras de acceso.

Las ONG de derechos humanos lamentan la desprotección de la población trabajadora que suponen las recientes reformas laborales. También han manifestado su inquietud por la falta de adecuada protección a las víctimas de la violencia de género. En este campo, consideran que se debe garantizar la implementación de las leyes existentes. Asímismo, han planteado su preocupación por los significativos recortes financieros a la cooperación internacional para el desarrollo y la necesidad de un modelo centrado en la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Los informes presentados por las ONG ante el Comité apuntan a que el actual retroceso en materia de derechos sociales se corresponde con su insuficiente reconocimiento en la Constitución y con un desarrollo legislativo claramente insuficiente de los mismos. Ello hace que el acceso a un recurso judicial efectivo y a la reparación por las violaciones a estos derechos constituyan una asignatura pendiente.

Bolivia: Las autoridades deben garantizar un clima de confianza para resolver el conflicto del TIPNIS

Nos trasladamos ahora hasta Bolivia, donde las autoridades deben garantizar que cualquier negociación con las poblaciones indígenas sobre la construcción de la carretera por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se haga de buena fe y garantizando la participación de todas las instituciones representativas de las comunidades. En una carta, Amnistía Internacional ha propuesto 10 recomendaciones a las autoridades de Bolivia.

Entre estas propuestas destacan: asegurar que toda futura negociación o consulta sobre la carretera se haga en un clima de confianza y proporcionar toda la información disponible a las comunidades afectadas. Además, la organización ha recomendado que para poder lograr un acuerdo, los tiempos para llevar adelante un eventual diálogo no deben estar sujetos a plazos perentorios. Y es que al comienzo del proyecto, en 2008, las autoridades nacionales no realizaron una consulta con los pueblos afectados.

La carta también llama a las autoridades a promover los derechos de las comunidades indígenas a través de acciones y programas que respeten sus formas de vida, con o sin la construcción de la carretera. Las autoridades argumentan que la carretera es necesaria para mejorar la conectividad del país, pero varias comunidades indígenas que viven dentro del parque y del territorio indígena, aproximadamente unas 12.000 personas, dicen que la vía afectará una gran reserva natural y su forma de vida.

La falta de una consulta previa y la oposición a la carretera motivaron la VIII Marcha Indígena en 2011, que culminó con la aprobación de una ley que impedía la construcción de la vía por medio del parque. Amnistía Internacional ha documentado denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de fuerzas de seguridad contra quienes participaron en la marcha. La organización pide a las autoridades que realice investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre la intervención policial y que los responsables materiales e intelectuales de los posibles abusos comparezcan ante la justicia.

Libia: El CNT no debe restringir la libertad de expresión para proteger la "revolución"

En Libia, las autoridades no deben suprimir la libertad de expresión con la excusa de proteger la "Revolución del 17 de Febrero". Así lo ha señalado Amnistía Internacional tras la aprobación de una ley que castiga el "enaltecimiento" del líder depuesto Muamar al Gadafi. Esta norma prescribe penas de prisión por difundir falsos rumores, propaganda o información con objeto de dañar la defensa nacional, "aterrorizar a la población" o "menoscabar la moral de la ciudadanía" en tiempo de guerra. Asimismo, prevé cadena perpetua si tales actos "perjudican al país".

La Ley asegura que Libia se encuentra en circunstancias similares a un "estado de guerra". Enaltecer a "Gadafi, su régimen, sus ideas o a sus hijos" se considera un acto de "propaganda sensacionalista". La nueva normativa contiene también imprecisas disposiciones que sancionan con penas de prisión a todo el que dañe "la Revolución del 17 de Febrero". La misma sanción se impone a quienes "ofendan" al islam o al Estado y sus instituciones y a quienes, "ofendan públicamente al pueblo libio”. No se especifica en la Ley la duración de las condenas de prisión, pero el Código Penal libio indica que podrían ser de entre 3 y 15 años.

Esta ley no sólo va en contra de las obligaciones internacionales de Libia, sino que tampoco se ajusta a la Declaración Constitucional del país, aprobada el 3 de agosto de 2011 y en la que se garantiza la libertad de expresión. Aunque a veces haya motivos legítimos para restringir la libertad de expresión, como la protección del orden público o de los derechos de otras personas, tal restricción sólo puede imponerse si es absolutamente necesaria, e incluso entonces debe ser lo más moderada posible. En ningún caso es aceptable el encarcelamiento por el ejercicio pacífico de la libertad de expresión.

Desde la caída de Gadafi, sus presuntos partidarios han sufrido represalias y agresiones cometidas por venganza en un clima de impunidad. Sigue habiendo millares de personas detenidas al margen de la ley, acusadas de apoyar a Gadafi o combatir en su favor. Hasta la fecha no se han formulado cargos contra ninguna de ellas.

América Latina: Protección de los periodistas para garantizar la libertad de expresión

Concluimos este boletín en América Latina. En México, Amnistía Internacional condena enérgicamente los asesinatos de cuatro periodistas. Guillermo Luna y Gabriel Huge trabajaban como fotógrafos, mientras que Esteban Rodríguez había trabajado como fotoperiodista. Los tres eran compañeros especializados en la cobertura de noticias policiales y sobre el crimen organizado. Irasema Becerra trabajaba en el área administrativa de un periódico. Estos asesinatos se producen apenas unos días después de que la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, fuese asesinada el pasado sábado 28 de abril.

Amnistía Internacional ha expresado su grave preocupación por la seguridad de los trabajadores de los medios y ha realizado un llamado a las autoridades para que brinden medidas de seguridad eficaces para periodistas en riesgo y sus familiares. Este es un paso esencial para garantizar el trabajo periodístico y la libertad de expresión. Las autoridades deben garantizar una investigación pronta, imparcial y eficaz de estos ataques, para que sus responsables sean llevados ante la justicia. Además, es necesario poner fin a la impunidad que impera en los casos de ataques a periodistas y trabajadores de medios de comunicación en México.

Por su parte, en Colombia, Las FARC deben liberar, de manera inmediata e incondicional, a un periodista francés al que mantienen cautivo desde el 28 de abril. Roméo Langlois fue capturado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante un enfrentamiento que tuvo lugar entre el grupo armado y el ejército en el departamento de Caquetá, en el sur de Colombia. El periodista viajaba con el ejército colombiano.

Un portavoz de las FARC ha expuesto una serie de condiciones para su liberación, entre ellas que se abra un debate público sobre la manera en que los medios de comunicación informan sobre el conflicto colombiano. Amnistía Internacional considera que éste no debe ser un pretexto para mantener cautivo a un periodista. La organización considera además que Langlois debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones y que deben tomarse medidas para garantizar que todos los periodistas de Colombia pueden realizar su trabajo libremente.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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