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Amnistía Internacional, informativo semanal a 28 de marzo de 2012

29 de marzo de 2012. Esta semana hablaremos del alarmante númeroe de ejecuciones a lo largo de 2011. La pena de muerte se sigue aplicando en 20 países del mundo. China, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudí, Yemen o Bielorrusia entre ellos. Viajaremos hasta Cuba para denunciar los casos de acoso que sufren disidentes políticos, activistas de derechos humanos, periodistas y blogueros. Además, nos trasladaremos hasta el continente africano. Los residentes en alojamientos precarios a lo largo de todo el continente han solicitado a sus gobiernos que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esto significa que no deben desalojarlas forzosamente de sus casas y que deben proporcionarles servicios básicos mejores. Terminaremos nuestro repaso informativo en Mali. Amnistía Internacional ha solicitado a los líderes que han llevado a cabo el golpe militar en el país que dejen de inmediato en libertad a los líderes políticos, impidan las violaciones de derechos humanos y restablezcan el Estado de derecho.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  Duración aproximada: 00:09:15

Pena de muerte: Alarmante índice de ejecuciones en los escasos países que aplican la pena capital

Iniciamos este boletín hablando de la pena de muerte. En 2011, el ritmo de las ejecuciones en los países en donde se llevaron a cabo fue alarmante, aunque el número de Estados que aplican la pena capital se ha reducido en más de un tercio durante los últimos 10 años.

Durante el pasado año, se ejecutó o condenó a muerte a personas por diversos delitos como el adulterio y la sodomía en Irán, la blasfemia en Pakistán, la brujería en Arabia Saudí, el tráfico de huesos humanos en la República del Congo y delitos relacionados con las drogas en más de 10 países. Al concluir 2011 había en torno a 18.750 personas condenadas a muerte, y al menos 676 fueron ejecutadas en todo el mundo durante ese año.

Esta cifras no incluyen las miles de ejecuciones que Amnistía Internacional cree que se llevaron a cabo en China, que mantiene los datos en secreto. Ni tampoco reflejan el posible alcance de la aplicación de la pena de muerte en Irán. Una vez más, Amnistía Internacional ha emplazado a las autoridades chinas a publicar información sobre personas condenadas a muerte y ejecutadas. En Oriente Medio se registró un notable aumento de las ejecuciones, hasta casi un 50 por ciento más que en el año anterior. El 99 por ciento se registraron en Arabia Saudí, Irak, Irán y Yemen.

Estados Unidos fue una vez más el único país de América y único miembro del G8 que ejecutó a presos, un total de 43 en 2011. En Europa y países de la antigua Unión Soviética ya no se aplica la pena capital, salvo en Bielorrusia, que ejecutó a dos personas. Oceanía siguió siendo una zona sin pena de muerte, a excepción de cinco condenas a muerte impuestas en Papúa Nueva Guinea.

En la mayoría de los países donde se condenó a muerte o ejecutó a personas, los juicios no cumplieron las normas internacionales sobre garantías procesales. Pero en 2011 se registraron algunos avances. Así por ejemplo, en China el gobierno eliminó la pena de muerte para 13 delitos, fundamentalmente de índole económica. En Estados Unidos, el número de ejecuciones y nuevas condenas a muerte disminuyó drásticamente con respecto a las registradas hace 10 años.

Cuba: Brusco aumento del acoso y los ataques contra activistas y periodistas

Nos trasladamos ahora hasta Cuba, donde el acoso y las detenciones contra disidentes políticos, activistas de derechos humanos, periodistas y blogueros en el país han experimentado un brusco aumento en los últimos 24 meses. Es la principal conclusión del último informe de la organización sobre el país. Dicho documento revela las nuevas tácticas de las autoridades cubanas para castigar a las personas a las que consideran opuestas al régimen después de las liberaciones colectivas de presos de conciencia en 2011.

Las autoridades de Cuba no toleran ninguna crítica a las políticas del gobierno realizada fuera de los mecanismos oficiales establecidos bajo control gubernamental. Las leyes sobre “desorden público”, “ultraje”, “desacato”, “peligrosidad” y “agresión” se utilizan para procesar a quienes se oponen al gobierno. No hay ninguna organización política o de derechos humanos a la que se haya permitido obtener el reconocimiento jurídico. Desde marzo de 2011, más de 65 periodistas independientes han sido detenidos, la mayoría en más de una ocasión.

Los activistas de derechos humanos o periodistas independientes detenidos suelen permanecer recluidos en comisarías o centros de detención durante periodos que oscilan entre unas horas y varios días. En ese tiempo son sometidos frecuentemente a interrogatorios, intimidaciones, amenazas y, ocasionalmente, palizas. En muchos casos, las autoridades no informan a sus familiares de los motivos de la detención ni del lugar donde se encuentran recluidos sus seres queridos.

Los activistas de derechos humanos Antonio Michel y Marcos Máiquel Lima Cruz permanecen encarcelados desde diciembre de 2010, cuando fueron detenidos por agentes del Departamento de Seguridad del Estado por cantar canciones en las que criticaban la falta de libertad de expresión en el país. Tras un juicio sumario, fueron condenados a dos y tres años de prisión, respectivamente, por “ultraje a los símbolos de la patria” y “desórdenes públicos”.

Amnistía Internacional ha adoptado a los dos hermanos como presos de conciencia, y ha pedido a las autoridades su liberación inmediata e incondicional. La organización también ha adoptado como presos de conciencia a Yasmín Conyedo Riverón y su esposo, Yusmani Rafael Álvarez Esmori, detenidos por cargos falsos de “atentado” contra un agente del Estado.

África: Los residentes de asentamientos precarios en toda África dicen a los gobiernos: "aquí vive gente"

Miles de residentes de asentamientos precarios e informales de todo el continente africano se han congregado durante una semana de acción organizada por Amnistía Internacional y organizaciones asociadas para hacer que los ministros de vivienda y los jefes de Estado oigan su voz.

Las concentraciones y reuniones públicas celebradas en Chad, Ghana, Kenia, Nigeria, Egipto y Zimbabue han reunido a miles de algunas de las personas más pobres y más desfavorecidas del mundo para pedir a sus gobiernos que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos, lo cual significa que no deben desalojarlas forzosamente de sus casas y que deben proporcionarles servicios mejores, como agua no contaminada y escuelas.

Casi tres de cada cuatro residentes de ciudades o pueblos africanos al sur del Sáhara viven en asentamientos precarios o informales. Sin embargo, al realizar la planificación urbana, las autoridades siguen ignorándoles. La organización ha pedido a los gobiernos que escuchen lo que estos millones de personas tienen que decir.

La mayoría de los residentes de los asentamientos precarios cumplen con sus responsabilidades como ciudadanos. Sin embargo, la mayoría apenas tienen acceso a saneamiento, agua no contaminada, educación y una atención médica adecuada. Los gobiernos deben elaborar políticas de vivienda que se centren en las necesidades de los residentes de asentamientos informales y que garanticen sus derechos.

Las concentraciones y reuniones en todo el continente han coincidido con la Conferencia Ministerial Africana sobre Vivienda y Desarrollo Urbano. A la sociedad civil no se le ha brindado la oportunidad de participar en esta conferencia crucial, y por ello Amnistía Internacional ha invitado a los residentes de asentamientos informales con los que ha trabajado en Kenia, Nigeria, Ghana y Zimbabue a una reunión paralela en el mismo lugar de celebración para que representen a sus comunidades y expongan sus principales preocupaciones y demandas.

Mali: El golpe anuncia un periodo de incertidumbre para los derechos humanos

Terminamos nuestro boletín en Mali. Amnistía Internacional señala que los líderes del golpe militar contra el gobierno del presidente Amadou Toumani Touré deben dejar en libertad al primer ministro y los demás políticos detenidos y tomar medidas para proteger los derechos humanos.

El jueves 22 de marzo fueron detenidos al menos tres miembros del gobierno: el primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Administración Territorial. Se cree que se hallan recluidos en la base militar de Kati, a 20 kilómetros de la capital. También han sido detenidos el presidente del Consejo Económico y Social y el presidente del Consejo Superior de Comunidades Territoriales.

Según la organización, con la suspensión de todas las instituciones legales y el toque de queda impuesto, todas las salvaguardias básicas que garantizan el respeto de los derechos humanos están en suspenso. Tres personas han muerto en el centro la capital a causa de balas perdidas de soldados. A lo largo del día 22, los soldados saquearon tiendas y confiscaron vehículos.

El golpe se ha producido en el contexto de dos meses de rebelión de grupos armados tuareg en el norte del país. Desde el estallido de este conflicto, unas 200.000 personas han huido de sus hogares, entre ellas alrededor de 100.000 que han buscado refugio en países vecinos, como Níger, Argelia, Mauritania y Burkina Faso.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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