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Amnistía Internacional, informativo semanal a 23 de febrero de 2011

25 de febrero de 2012. En el boletín informativo de esta semana hablaremos de la respuesta policial a las manifestaciones estudiantiles en Valencia. Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que el uso de la fuerza es el último recurso para garantizar el orden público y no el primero. Hablaremos también del Norte de África y Oriente Medio. En Libia, un año después del inicio del levantamiento, las milicias comenten abusos generalizados contra los derechos humanos. Además, en Egipto la organización señala la ausencia de medidas para controlar la actuación de las fuerzas de seguridad. La policía antidisturbios volvió hacer uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones de El Cairo y Suez. Terminaremos esta semana en Ecuador donde la condena a los directivos del periódico El Universo representa, para Amnistía Internacional, un ataque a la libertad de expresión.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  Duración aproximada: 00:09:30

Valencia: Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que el uso de fuerza es el último recurso para garantizar el orden público, no el primero

Comenzamos nuestro boletín en Valencia. Ante las denuncias de uso de fuerza excesiva por parte de la policía como respuesta a las manifestaciones estudiantiles y la previsión de que tengan lugar más protestas, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que el uso de la fuerza contra manifestantes es una de las medidas más extremas que el Estado puede tomar. Por ello, debe ser el último recurso para garantizar el orden público, no el primero.

El derecho a la reunión pacífica es un derecho reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así mismo, según los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego de Naciones Unidas, el uso de la fuerza debe emplearse sólo cuando los medios no violentos hayan resultado ineficaces. En este caso, las autoridades deben seguir escrupulosamente los criterios de legalidad y proporcionalidad, principios sobre los que Amnistía Internacional tiene dudas razonables de que se haya aplicado en las manifestaciones de Valencia.

El artículo 20 de estos mismos principios invoca la necesidad de buscar una solución pacífica de conflictos, y usar técnicas de persuasión, negociación y mediación. Asimismo, la policía debe contar con medios que le permitan resolver tensiones de forma pacífica, y contar con un alto grado de formación sobre cómo evaluar una situación y reaccionar de la forma más proporcionada.

Las manifestaciones de estudiantes contra los recortes presupuestarios en la Comunidad Autónoma Valenciana, y que afectan a los centros educativos públicos, se intensificaron a comienzos de esta semana. También la actuación policial. Según la información disponible, los altercados del 20 de febrero se saldaron con al menos 17 personas heridas, incluyendo también agentes de policía, y al menos 26 detenidos. La presencia de fuerzas de seguridad antidisturbios había sido requerida por la policía local al producirse cortes de tráfico por parte de los manifestantes durante una sentada pacífica de la calle Xátiva, frente al Instituto Público Lluís Vives.

El despliegue policial y la detención de menores han provocado una oleada de protestas a las que se han sumado diferentes organizaciones estudiantiles. Diversas imágenes recogidas por algunos medios de comunicación muestran como algunos agentes de la unidad antidisturbios hacen un uso de fuerza desproporcionada contra manifestantes, viandantes y periodistas. Por ello, Amnistía Internacional ha pedido al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno de Valencia que realicen una investigación de todas las alegaciones de uso de fuerza excesiva, y la adopción de medidas disciplinarias y penales si procediera.

Libia: Un año después del levantamiento, las milicias, fuera de control, cometen abusos generalizados

Nos desplazamos ahora hasta Libia. Las milicias armadas cometen impunemente abusos generalizados contra los derechos humanos, que aumentan la inseguridad y dificultan la reconstrucción de las instituciones del Estado. Así lo ha advertido Amnistía Internacional en la presentación de un nuevo informe sobre el país, coincidiendo con el primer aniversario del inicio de las protestas contra el régimen de Gadafi en febrero de 2011.

El informe Las milicias amenazan las esperanzas de una nueva Libia documenta los abusos graves y generalizados, incluidos crímenes de guerra, cometidos por una multitud de milicias contra presuntos partidarios de Gadafi. Incluye casos de personas que han sido detenidas ilegalmente y torturadas, en ocasiones hasta morir. Las personas migrantes y refugiadas africanas también han sido blanco de abusos y se han lanzado ataques de represalia que han obligado a desplazarse a comunidades enteras. Las autoridades no han hecho nada por investigar los abusos y hacer rendir cuentas a los responsables.

Amnistía Internacional señala que las milicias están fuera de control, y la impunidad generalizada de que disfrutan alienta nuevos abusos y perpetúa la inestabilidad y la inseguridad. La única manera de romper con las arraigadas prácticas de abusos del régimen autoritario del coronel Gadafi es garantizar que nadie está por encima de la ley y que los abusos se investigan.

Hasta el momento, no se tiene constancia de que se haya llevado a cabo ni una sola investigación efectiva sobre los casos de tortura, ni sobre los casos de detenidos que han muerto tras ser torturados en los centros de mando de las milicias. Tampoco se han llevado a cabo investigaciones sobre otros abusos graves, como la ejecución extrajudicial de detenidos y otros crímenes de guerra.

Esta impunidad generalizada de que gozan las milicias transmite el mensaje de que esos abusos se toleran y está contribuyendo a convertir esas prácticas en algo aceptado. Amnistía Internacional pide el fin de estos abusos a través de www.actuaconamnistia.org

Egipto: La ausencia sistemática de medidas para controlar la actuación de las fuerzas de seguridad

Continuamos hablando del Norte de África y Oriente Próximo pero nos detenemos ahora en Egipto. Un año después de la revolución, las fuerzas de seguridad siguen usando contra manifestantes pacíficos las mismas tácticas brutales que se usaban en los últimos días en que Hosni Mubarak ostentaba el poder.

La policía antidisturbios recurrió una vez más al uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones de El Cairo y Suez a principios de febrero, donde se hizo uso de armas de fuego con intención letal. 11 personas murieron en El Cairo y cerca de 270 resultaron heridas tras inhalar gases lacrimógenos o ser alcanzadas por perdigones. En Suez, hubo 85 heridos y cinco fallecidos a consecuencia de disparos en el pecho, la cabeza o el estómago. Las protestas de primeros de mes tuvieron lugar tras la tragedia de Port Said, en la que más de 70 hinchas del club de fútbol Al Ahly murieron después de un partido el 1 de febrero.

La organización ha concluido que, entre el 2 y el 6 de febrero, las Fuerzas de Seguridad Central del Ministerio del Interior hicieron un uso excesivo de la fuerza. Estos hechos demuestran que las promesas de reformar las fuerzas de seguridad continúan sonando a hueco frente a los homicidios de más de cien manifestantes en los últimos cinco meses. Las autoridades no solo no han reformado las fuerzas de seguridad, sino que niegan la evidencia del uso de munición real, gases lacrimógenos y balas de goma y formulan acusaciones de injerencia extranjera.

Las autoridades egipcias anunciaron que se iban a llevar a cabo investigaciones sobre aquellos incidentes que hubieran causado víctimas mortales o heridas graves a los manifestantes. A pesar de ello no se ha extraído ninguna lección, y no parece que se hayan dado instrucciones claras a las fuerzas de seguridad, incluido el personal militar, para que respeten el derecho de reunión pacífica y desempeñen su labor en las manifestaciones de acuerdo con las normas internacionales.

Las fuerzas de seguridad tienen el deber de restablecer el orden público, sin embargo, su reciente uso de una fuerza excesiva muestra una total falta de respeto por la vida. Amnistía Internacional teme que, a menos que el aparato de seguridad egipcio sea reformado con el propósito de ofrecer seguridad y respetar el derecho a protestar pacíficamente, habrá más muertes.

Ecuador: Condena sobre la libertad de expresión contraviene estándares internacionales

Concluimos este boletín en Ecuador. El pasado 15 de febrero, la Corte Nacional de Justicia ratificó una condena de tres años de prisión y una indemnización punitiva con valor de 40 millones de dólares a tres directivos del periódico El Universo por un artículo donde se llamó al Presidente del país, Rafael Correa, "dictador".

Amnistía Internacional ha escuchado con profunda preocupación las declaraciones de Correa en las que señala que esta condena por difamación ayuda a “lograr la verdadera libertad de expresión” y que “la libertad de expresión tiene sus limites”.

Si bien la libertad de expresión no es un derecho absoluto, según los estándares internacionales de derechos humanos los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. El gobierno debe permitir que se critiquen a quienes están en el poder sin la amenaza de ser sujetos a procedimientos penales u otras penas civiles desproporcionadas al acto cometido.

Amnistía Internacional señala que esta decisión de la Corte Nacional de Justicia y los pronunciamientos del Presidente Correa al respeto son alarmantes ya que hay un número creciente de casos del uso indebido del sistema de justicia para acallar críticas legítimas hacia el gobierno. Estos ataques a la libertad de expresión y opinión envían un mensaje intimidatorio a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes indígenas y a toda aquella persona que quiera expresar opiniones en contra del gobierno. La organización señala que todas las personas en Ecuador tienen el derecho a expresar su opinión sin temor de represalias.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más
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