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Amnistía Internacional, informativo semanal a 15 de diciembre de 2011

16 de diciembre de 2011. En nuestro boletín semanal hablaremos esta semana sobre Egipto. Según datos de Amnistía Internacional, Estados Unidos ha suministrado hasta en tres ocasiones armas a las fuerzas de seguridad egipcias, tales como sustancias químicas irritantes o gases lacrimógenos. Nos desplazaremos también hasta El Salvador, donde 30 años después de la masacre de El Mozote los familiares de las víctimas y los supervivientes continúan pidiendo justicia. Cambiaremos de país, pero no de continente: en México, Amnistía Internacional condena el atentado contra la activista Norma Andrade y ha puesto en marcha una acción urgente pidiendo que se determine el paradero de otros dos activistas secuestrados. Por último, hablaremos de España, donde las autoridades deben poner fin a los controles de identidad basados en las características étnicas o raciales.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  

Egipto: Estados Unidos suministró armas en diversas ocasiones a las fuerzas de seguridad egipcias

Comenzamos nuestro repaso informativo en Egipto. Según los datos de Amnistía Internacional, Estados Unidos ha transferido munición repetidamente al país a pesar de la violenta campaña de represión de las fuerzas de seguridad contra manifestantes. El 26 de noviembre llegó desde Estados Unidos un cargamento dirigido al Ministerio del Interior egipcio con al menos siete toneladas de “munición fumígena”, que incluye sustancias químicas irritantes y agentes antidisturbios como el gas lacrimógeno.

Esta era una de las tres entregas de armas a Egipto realizadas por la empresa estadounidense Combined Systems, Inc. desde el comienzo de la brutal represión de las manifestaciones de la “Revolución del 25 de enero”. Según la organización, estos envíos de armas deben parar hasta que se tenga la certidumbre de que esas municiones, armas y otros materiales no tienen relación con el derramamiento de sangre en las calles de Egipto.

El 1 de diciembre, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense confirmó que se habían concedido licencias de exportación a dos empresas estadounidenses para exportar gas lacrimógeno y otros agentes antidisturbios no letales a Egipto. Estas licencias se concedieron en un momento en que el gobierno egipcio estaba reaccionando a las protestas haciendo uso excesivo de la fuerza y a menudo empleando medios letales. En noviembre se dispersaron violentamente las manifestaciones contra el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con gas lacrimógeno, con el resultado de al menos dos docenas de muertos y varios centenares de heridos. Además, muchos de los cartuchos y granadas recogidos por manifestantes en la plaza de Tahrir eran de gas lacrimógeno fabricado en Estados Unidos.

Amnistía Internacional señala que las fuerzas de seguridad egipcias, incluida la policía antidisturbios, deben ser reformadas y formadas en el respeto de las normas de la ONU relativas al empleo de la fuerza y las armas de fuego. Si no hay un cambio fundamental en la conducta y la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, es irresponsable que países extranjeros suministren armas y otros materiales a unas fuerzas que con toda probabilidad harán uso indebido de ellos.

El uso de gas lacrimógeno y otras municiones por parte de las fuerzas de seguridad egipcias es un ejemplo claro de la necesidad urgente de establecer un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas y hacerlo cumplir. La organización ha pedido que el uso de municiones como el gas lacrimógeno para operaciones militares y policiales se incluya en la categoría de armas convencionales reguladas por el tratado.

El Salvador: 30 años luchando para que se haga justicia

Nos trasladamos ahora a El Salvador, donde treinta años después de una de las mayores atrocidades cometidas durante la sangrienta guerra civil del país, los supervivientes y los familiares de las víctimas todavía siguen luchando para que se haga justicia. Al menos 767 personas del pueblo de El Mozote y otras poblaciones cercanas fueron asesinadas por las fuerzas gubernamentales entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981.

Antes de ser asesinados, muchos hombres y mujeres fueron sometidos a torturas, incluida violencia sexual, y algunos niños y niñas fueron apuñalados o golpeados hasta causarles la muerte. Sin embargo, hasta el momento nadie ha sido procesado, lo que ha tenido un efecto psicológico terrible tanto para los supervivientes como para los familiares de las víctimas pues no saben dónde se encuentran los restos de sus seres queridos.

En 1993, la ONU publicó un informe en el que se identificaba a muchas de las personas responsables de la masacre. No obstante, una semana después de su publicación, entró en vigor una ley general de amnistía en El Salvador, que protegía a los responsables y negaba la justicia a las víctimas y sus familiares. Casi dos décadas más tarde, esa ley general de amnistía aún sigue en vigor, a pesar de que el gobierno se ha comprometido públicamente a tomar medidas para revocarla.

Estos últimos días, por primera vez, el gobierno salvadoreño se ha disculpado por la masacre y ha pedido perdón por “la ceguera del Estado que provocó la violencia”. Un reconocimiento que ha sido calificado de positivo por Amnistía Internacional. Sin embargo, es necesario que se haga justicia y que se repare a las víctimas y familiares.

Para algunos, el tiempo se está acabando. Los únicos dos testigos que quedaban de la masacre de El Mozote murieron hace poco. Muchos familiares de las víctimas se están haciendo mayores, y temen que no llegarán a saber la verdad ni a lograr que se haga justicia antes de morir. El Comité de la ONU contra la Tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideran que el tormento de estas personas es una forma de tortura.

México: Amnistía Internacional condena el atentado contra la activista Norma Andrade

Continuamos en América pero nos detenemos ahora en México. Amnistía Internacional condena enérgicamente el atentado contra Norma Andrade, integrante de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, atacada por un desconocido con un arma de fuego al salir de su casa en Ciudad Juárez. La defensora de derechos humanos se encuentra hospitalizada, al parecer, en una condición estable.

La organización hace un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que garanticen la seguridad de Norma Andrade y los demás miembros de su familia, incluida su hija y directora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Es esencial que se investigue de forma imparcial y eficaz este incidente, en particular dada la serie de amenazas que ha habido contra Norma Andrade y otras integrantes de dicha organización.

Norma Andrade reclama justicia en los casos de mujeres y niñas asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez. Nuestras Hijas de Regreso a Casa jugó un papel fundamental en llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso del Campo Algodonero que resultó en la sentencia de la Corte contra el Estado mexicano por el asesinato de varias mujeres jóvenes encontradas en el Campo Algodonero en 2001. Norma Andrade es también madre de Lilia Alejandra García Andrade quien fue asesinada en Ciudad Juárez en 2001. No ha dejado de luchar por la justicia y la verdad en el caso de su hija y también para muchas otras familias afectadas por el patrón de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

Por otro lado, Amnistía Internacional ha puesto en marcha una acción urgente pidiendo que se determine el paradero de Eva Alarcón y Marcial Bautista, dos ecologistas y simpatizantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Ambos fueron secuestrados de un autobús en el que viajaban por unos hombres armados. Los simpatizantes de esta organización sufren cada vez más amenazas y ataques a causa de sus actividades. Existe preocupación por el paradero de ambos por lo que Amnistía Internacional pide que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial. Así mismo, solicita que se garantice la seguridad de los activistas para que puedan continuar con sus actividades.

España: Las autoridades toleran la discriminación racial

Terminamos nuestro boletín en España, donde las autoridades del país deben poner fin a la práctica policial de seleccionar a personas para comprobar su identidad basándose en sus características étnicas o raciales. Es la principal conclusión del informe de Amnistía Internacional ‘Parar el racismo, no a las personas: Perfiles raciales y control de la inmigración España’, que expone el verdadero alcance de los controles de identidad realizados por la policía.

Se trata de una práctica ilegal con arreglo a la legislación española y al derecho internacional que alimenta los prejuicios pues quienes lo presencian dan por sentado que las víctimas participan en actividades delictivas.

Según la legislación española, la policía puede proceder a comprobar la identidad de una persona en vías o espacios públicos cuando existe preocupación en torno a la seguridad, como ocurre cuando se ha cometido un delito en esa zona. Sin embargo, la investigación de Amnistía Internacional ha revelado que los controles deliberados de la identidad de personas extranjeras, sin que exista una preocupación por la seguridad, son habituales. A ciertas comisarías de Madrid se les han asignado cupos semanales o mensuales de detención de migrantes en situación irregular, lo cual anima a los agentes a seleccionar a personas pertenecientes a minorías étnicas.

A pesar de que la aplicación de perfiles raciales por parte de la policía, cuando da el alto a una persona para interrogarla y detenerla debido al color de su piel, no siempre constituye discriminación, según el derecho internacional es discriminatoria e ilegal si no tiene una justificación razonable u objetiva. En este sentido, la policía española debe proporcionar a sus agentes formación sobre cómo efectuar controles de identidad de acuerdo con el principio de igualdad y con la prohibición de discriminación, y debe poner fin a la intimidación de quienes observan o documentan los controles de identidad pues en muchas ocasiones son objeto de intimidación y multas.

Amnistía Internacional también recomienda al gobierno español que tome medidas para garantizar que no se establecen cuotas de detenciones de personas migrantes en situación irregular y que exija que los agentes de policía registren y documenten todas las ocasiones en que den el alto a alguien. Además, debe publicarse con regularidad información sobre el número de operaciones policiales desglosada por zona y según el motivo, diferenciando entre las efectuadas con fines de control de la inmigración y las correspondientes a la aplicación del derecho penal.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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