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Amnistía Internacional, informativo semanal a 29 de septiembre de 2011

1ro de octubre de 2011. Esta semana haremos un repaso a la situación que viven los países del Norte de África en el marco de la Primavera Árabe. En Túnez, Amnistía Internacional ha pedido a los candidatos de las próximas elecciones la firma de un manifiesto con 10 compromisos para que realicen reformas para la protección de los derechos humanos. Por su parte, en Libia la organización ha pedido al Consejo Nacional de Transición que proteja los restos encontrados en una fosa común descubierta cerca de la prisión de Abu Salim. En Egipto, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades del país la puesta en libertad del bloguero Maikel Nabil Sanad, que lleva más de un mes en huelga de hambre. Luego cambiaremos de continente y nos detendremos en Uruguay. Allí la organización ha presentado un informe en el que se exige a las autoridades del país que investiguen y lleven ante la justicia a los responsables de los crímenes cometidos durante los gobiernos de los años 70 y 80. Terminaremos hablando del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Por otra parte, Amnistía Internacional se ha unido a la campaña de la región para exigir a los gobiernos que despenalicen el aborto y garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  

Norte de África: Es necesario un compromiso con los derechos humanos tras la Primavera Árabe

Comenzamos nuestro boletín analizando la situación de los países del Norte del África. En Túnez, los ciudadanos siguen esperando a que los políticos lleven a cabo los cambios fundamentales que han prometido. Cuando falta un mes para las primeras elecciones tras la caída del ex presidente Ben Alí, la organización ha pedido a todos los candidatos que firmen un “manifiesto” con 10 compromisos. Estos compromisos servirán para indicar que son serios cuando hablan de llevar a cabo reformas significativas en materia de derechos humanos.

Entre los compromisos de este manifiesto se encuentra la revisión del papel de las fuerzas de seguridad y cuerpos encargados de hacer cumplir la ley; poner fin a la tortura, los malos tratos y las detenciones en régimen de incomunicación y la defensa del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. También es necesaria la reforma del sistema judicial, la investigación de los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el Gobierno de Ben Aí y la abolición de la pena de muerte. Por último, el manifiesto reclama el fin de la discriminación y la violencia contra las mujeres, así como la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas.

En Libia, el Consejo Nacional de Transición debe proteger la fosa común descubierta cerca de la prisión de Abu Salim. Esta fosa podría estar relacionada con el homicidio masivo de presos en la prisión de Abu Salim en 1996. Según AI, la protección de esta fosa en necesaria para preservar los indicios de violaciones contra los derechos humanos y garantizar la correcta identificación de los cadáveres. La organización ha solicitado que no se realicen exhumaciones ni identificaciones de restos sin la presencia de peritos que trabajen con arreglo a las normas internacionales.

Las familias de quienes murieron en Abu Salim pasaron años pidiendo al gobierno de Gadafi que revelase la verdad sobre los homicidios llevados a cabo en la prisión, pero no obtuvieron resultado. Se cree que más de 1.200 presos murieron durante las masacres de junio de 1996. Un motín carcelario provocado por las atroces condiciones de la prisión se intentó resolver inicialmente mediante disparos. Posteriormente, los funcionarios hablaron con representantes de los presos y se comprometieron a abordar algunos de los motivos de queja. Sin embargo, la mañana siguiente llevaron a los presos al patio de la cárcel y les dispararon.

Terminamos nuestro repaso al Norte de África en Egipto, donde Amnistía Internacional ha solicitado la puesta en libertad del bloguero Maikel Nabil Sanad, que lleva más de un mes en huelga de hambre. La salud del joven de 25 años se ha deteriorado considerablemente desde que las autoridades de la prisión le retiraran una medicación para el corazón que es vital para él. Fue detenido el 28 de marzo en su casa, juzgado ante un tribunal militar el 10 de abril y condenado a tres años de prisión por unos comentarios que había hecho en Facebook y por propagar presuntamente mentiras y rumores sobre las fuerzas armadas en su blog. En este espacio criticaba que el ejército había hecho uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos en la plaza de Tahrir y describía cómo había sido detenido y torturado por los militares egipcios en febrero. Su recurso de apelación contra la sentencia judicial se verá el 4 de octubre.

Uruguay: Se debe investigar y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes del pasado

Continuamos hablando de Uruguay. El pasado lunes, Amnistía Internacional presentó un nuevo informe sobre el país en el que hace llamamiento a las autoridades uruguayas para eliminar todas las barreras legales para investigar y llevar ante la justicia a responsables de crímenes cometidos durante los gobiernos militares y civiles de los años 70 y 80.

En mayo pasado, la Corte Suprema de Uruguay concluyó que dos ex oficiales militares no podían ser imputados por el delito de desapariciones forzadas porque este no había sido incorporado a la legislación nacional hasta 2006 y no podía ser aplicado retrospectivamente. Los ex militares, responsables del asesinato de 28 personas, fueron condenados por el delito común de “homicidio muy especialmente agravado” y sentenciados a 25 años de cárcel.

El efecto práctico de considerar estas graves violaciones contra los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar como delitos criminales comunes en vez de crímenes contra la humanidad significa que están expuestas a prescripción. Estos casos podrían cerrarse el 1 de noviembre de 2011 ya que, de acuerdo al Código Penal, la prescripción máxima por homicidio agravado es de 26 años y 8 meses. El período se cuenta desde el regreso al gobierno civil el 1 de marzo de 1985.

Según AI, los esfuerzos de Uruguay por llevar ante la justicia a los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el último gobierno militar han sido inconsistentes y, en algunos momentos, contradictorios.

Al menos 34 personas fueron objeto de desapariciones forzadas durante los gobiernos militares y civiles en Uruguay entre 1973 y 1985 y al menos otros 100 uruguayos desaparecieron en Argentina en el mismo período. Entre ellos se encontraban 12 niños, cuatro de los cuales nacieron en cautiverio. Miles de personas sufrieron torturas y malos tratos.

América Latina y Caribe: Despenalizar el aborto es urgente para el continente

Terminamos nuestro boletín semanal en América Latina y el Caribe, donde Amnistía Internacional se ha unido a la campaña por la despenalización del aborto en la región bajo el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, coincidiendo con la celebración el pasado miércoles del Día por la Despenalización del Aborto.

La campaña exige a los gobiernos la puesta en marcha de medidas concretas que aseguren el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas. Entre estas medidas están la despenalización del aborto, planes de educación sexual y acceso a servicios e información de planificación familiar. De esta forma, las mujeres podrán decidir de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos y cuántos, sin coacción o discriminación.

Restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos pone en grave peligro los derechos humanos de mujeres y niñas. Según la organización, todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países de la región está permitido en ciertas circunstancias, con frecuencia esta legislación no se cumple en la práctica. Esto que conlleva graves consecuencias para mujeres y niñas.

Algunas de ellas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. En ocasiones toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Es así como cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren cada día y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso llegan a significar la pérdida de su vida.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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