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Amnistía Internacional, informativo semanal a 6 de octubre de 2010

9 de octubre de 2010. Esta semana empezaremos hablando del Día Mundial del Hábitat y recordando que en la actualidad millones de personas viven en barrios marginales. También miraremos hacia nuestro país. España, en el marco del Examen Periódico Universal, ha rechazado investigar las desapariciones forzadas, así como se ha negado a revisar el régimen de incomunicación. Hablaremos además, de Guatemala. Pocos días antes de que se celebre el Día contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional pide al gobierno guatemalteco que cese en su intención de aplicar dicha condena. Y para finalizar seguimos con la vista puesta en la lucha contra la pena de muerte. En Arabia Saudí dos hombres corren riesgo de ser ejecutados, se les acusa de "brujería".



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  Duración aproximada: 00:08:00

Día Mundial del Hábitat

El pasado 4 de octubre se celebró el Día Mundial del Hábitat. Amnistía Internacional quiere aprovechar esta fecha para recordar que en la actualidad existen mil millones de personas viviendo en barrios marginales. Muchas de estas personas corren el riesgo de ser desalojadas de forma forzosa.

En la reciente Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) celebrada en Nueva York no se pidió a los gobiernos que pusieran fin a los desalojos forzosos, a pesar de la evidencia de que éstos hunden aún más a las personas en la pobreza y minan todos los ODM. En vez de ello, se les pidió que redujeran la población que vive en asentamientos precarios, algo que podría contribuir a que se produzcan más desalojos.

Amnistía Internacional ha documentado casos de desalojos forzados en países como Francia, Camboya o Zimbabue, donde los gobiernos han destruido los hogares de los más pobres. Las personas cuyas casas son destruidas se ven abandonadas por la ley, no consiguen ninguna indemnización y se quedan sin sitio donde vivir.

Hoy más que nunca resulta indispensable que los líderes mundiales vayan más allá de la retórica que oímos en Nueva York y emprendan acciones urgentes para proteger los derechos de las personas que viven en barrios marginales.

España, en el marco del Examen Periódico Universal

En el marco del Examen Periódico Universal pasado por España, Amnistía Internacional ha transmitido una serie de preocupaciones a este país. Sin embargo, varias han sido las peticiones que el gobierno de Zapatero no ha atendido.

En primer lugar, la organización sigue pidiendo a España que modifique su legislación en lo que a tortura se refiere. Amnistía Internacional ha pedido que en la definición de tortura que recoge el Código Penal español se especifique que el acto de tortura también puede ser cometido por “otra persona en el ejercicio de funciones públicas”, además de por una “autoridad o funcionario público”.

De forma conjunto, Amnistía también pide que se incluya como finalidad de la tortura el que se pueda “intimidar o coaccionar a esa persona o a otras”.

Amnistía Internacional también exige a España que ajuste al derecho internacional su definición del crimen de desaparición forzada. El enjuiciamiento de las desapariciones forzadas continúa estando sujeto a la aplicación de amnistías y a normas de prescripción.

Por último, resulta muy decepcionante la negativa de España a revisar su régimen de detención en incomunicación, según el cual las personas sospechosas de la comisión de delitos relacionados con el terrorismo pueden permanecer incomunicadas hasta 13 días, y las personas sospechosas de otros delitos graves, hasta cinco días. Los detenidos no tienen acceso a elegir un abogado ni a consultar en privado con su abogado de oficio. Tampoco tienen acceso a un médico de su elección y sus familiares no son informados de su detención ni del lugar donde se encuentran. Además, los ciudadanos extranjeros no pueden informar de su situación a su embajada o consulado.

Día contra la Pena de Muerte: el caso de Guatemala

La organización recibe a menudo denuncias de tortura y otros malos tratos durante la detención en régimen de incomunicación, y los órganos internacionales de derechos humanos han pedido reiteradamente la supresión de este régimen.

El gobierno de Guatemala se está planteando regular la pena de muerte conforme a una nueva legislación, a debate actualmente, que permitiría utilizar esta pena por primera vez desde el año 2000. La nueva legislación crearía indultos presidenciales para las personas condenadas a muerte, una medida que permitiría al país utilizar la pena capital. Los políticos favorables a esta medida la justifican presentándola como una respuesta a la presión pública como consecuencia de la creciente violencia de bandas.

Amnistia Internacional considera que el Congreso guatemalteco debe votar por abolir la pena de muerte, en lugar de regularla, y debe abordar los problemas reales que subyacen tras la delincuencia. La pena de muerte no puede ser presentada como el remedio a la delincuencia.

Si el Congreso de Guatemala vota a favor de la nueva legislación, diez personas, actualmente condenadas a muerte, podrían ser ejecutadas. Amnistía Internacional recuerda que se trata de una pena cruel, inhumana y degradante, y que viola el derecho a la vida tal como aparece proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos

Arabia Saudí: dos hombres corren riesgo de ser ejecutados, se les acusa de "brujería"

En Arabia Saudí el ciudadano libanés ‘Ali Hussain Sibat y el ciudadano sudanés ‘Abdul Hamid bin Hussain bin Moustafa al-Fakki han sido condenados a muerte por el controvertido cargo de "brujería". Esta pena se ha utilizado para castigar a personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Los cargos de “brujería” presentados contra ‘Ali Sibat tienen que ver con su actividad como presentador del canal de televisión por satélite Sheherazade, en el que ofrecía consejos y predicciones. Fue condenado a muerte por un tribunal de Medina a finales de 2009, tras ser detenido por la policía religiosa en mayo de 2008 mientras se hallaba en Arabia Saudí realizando la ’umra’ o peregrinación menor. Este ciudadano libanés no tuvo representación ni asesoría letrada durante el juicio. Su caso está ahora en el Tribunal de Apelación de La Meca.

El otro condenado, ‘Abdul Hamid al-Fakki, fue detenido en diciembre de 2005 en Medina por agentes de la policía religiosa. Fue acusado de practicar la brujería tras una trampa que le tendió un hombre que trabajaba para la policía religiosa y le pidió que le preparara un hechizo para que su padre se separara de su segunda esposa. Tras ser detenido, en el interrogatorio, durante el cual al parecer lo golpearon, confesó haber realizado actos de “brujería”.

‘Abdul Hamid al-Fakki fue condenado a muerte por el Tribunal General de Medina en marzo de 2007. No dispuso de asistencia letrada y se sabe muy poco sobre el juicio, ya que se celebró en secreto.

El delito de “brujería” no está tipificado en las leyes de Arabia Saudí. Sin embargo, las autoridades han detenido a decenas de personas por cargos de “brujería” en los últimos años. La última ejecución por esta causa de la que se tiene noticia es la del egipcio Mustafá Ibrahim, en noviembre de 2007.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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