Esta semana veremos cómo España sigue vendiendo armas a países donde la ley lo prohíbe. En Francia, pediremos a su presidente que trabaje para combatir la discriminación contra las personas romaníes y nómadas. Nos trasladaremos a Reino Unido para instar al Parlamento a rechazar una propuesta del Gobierno que dificultaría la detención de presuntos criminales de guerra y torturadores. Y por último, condenaremos la pena de 15 años de prisión impuesta a un periodista uigur en China.

España: exportaciones de armas a países donde la ley lo prohíbe

Comenzamos esta semana en España. Según un nuevo informe elaborado por varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, el Gobierno español exportó en 2009 material de defensa y de doble uso por una valor cercano a los 1.500 millones de euros a países que se encuentran en conflicto armado, sufren situaciones de grave inestabilidad interna o en ellos se producen violaciones de los derechos humanos. Algunos de estos países son Angola, Israel, Sri-Lanka, Marruecos, Irán y Pakistán. Por ejemplo, España realizó exportaciones a Israel por valor de unos 800.000 euros durante 2009, después de que Israel cometiera crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional en la Franja de Gaza durante la ofensiva militar Plomo Fundido, desarrollada entre diciembre de 2008 y enero de 2009.

A pesar de que su aplicación necesita mejorar, las organizaciones mantienen una valoración positiva de la Ley española sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. Destacan principalmente los avances en la transparencia de los datos de exportaciones y en la información individualizada sobre las denegaciones de ventas. Así, durante el pasado año se revocaron cuatro licencias de armas ligeras a Costa Rica, por riesgo de desvío no autorizado o reexportación y una licencia de armas anticarro y municiones a Georgia, por riesgo de quebrar la paz, la seguridad y la estabilidad regional.

Francia: discriminación contra las personas romaníes y nómadas

Nos vamos ahora hasta Francia. Allí se va a celebrar una reunión para tratar lo que el presidente francés, Nicolás Sarkozy, ha denominado “problemas relacionados con el comportamiento” de las comunidades romaníes y nómadas en Francia. Amnistía Internacional quiere aprovechar la ocasión para pedir al mandatario francés que trabaje para combatir la discriminación legal y social a la que estas personas se enfrentan desde hace muchos años.

Unos 400.000 nómadas franceses itinerantes están ya sometidos al requisito discriminatorio de presentarse periódicamente a la policía y estar registradas en un municipio con una antigüedad de tres años para adquirir el derecho de voto. Además, sufren escasez de lugares autorizados para detenerse en su camino que les permitan mantener sus estilos de vida y profesiones tradicionales. Además, la mayoría de los 20.000 romaníes que se estima residen actualmente en Francia, vive en campamentos no autorizados que Sarkozy se plantea cerrar. En este sentido, Amnistía internacional ha instado a las autoridades francesas a respetar el derecho internacional durante los desalojos de romaníes o nómadas, y a que utilicen este método sólo una vez agotadas todas las demás alternativas y tras consultar con todos los residentes afectados y haberles ofrecido alojamiento alternativo adecuado.

Reino Unido: el Parlamento debe rechazar una propuesta del Gobierno que dificultaría la detención de presuntos criminales de guerra y torturadores

Nos trasladamos a Reino Unido para instar al Parlamento a que rechace una propuesta del Gobierno que dificultaría la emisión de órdenes de detención contra presuntos criminales de guerra y torturadores que se encuentren de visita en el país. Según la legislación vigente en Reino Unido, las víctimas de crímenes de guerra, tortura y toma de rehenes pueden iniciar actuaciones judiciales a título particular contra los presuntos responsables en cualquier país, sin tener en cuenta su nacionalidad ni el lugar donde se cometió el delito, en virtud de la norma internacional de jurisdicción universal. Con esta nueva propuesta el director de la Fiscalía tendría poder de veto sobre las órdenes de detención, evitando, según el ministerio de Justicia, que el sistema sea susceptible de abusos por parte de personas que intenten plantear cuestiones políticas a partir de pruebas carentes de solidez. Sin embargo, Amnistía Internacional advierte que esta medida induciría a considerar al Reino Unido como un lugar seguro para delincuentes internacionales.

China: pena de 15 años de prisión impuesta a un periodista uigur en China

Y por último, nos despedimos desde China, donde condenamos la pena de 15 años de prisión impuesta a un periodista uigur que advirtió a las autoridades chinas de la posibilidad de que se desencadenara la violencia étnica en la provincia de Sin-kiang en vísperas de los disturbios de julio de 2009.

Según informes, Hairat Niyaz fue declarado culpable de delitos contra la seguridad del Estado basándose en artículos que el periodista había escrito antes de los disturbios de julio de 2009 como por entrevistas que concedió a medios de Hong Kong después de que estallara la violencia. En dichas entrevistas, el periodista puso de manifiesto los crecientes motivos de queja contra la denominada política de educación “bilingüe” que había provocado el despido de muchos maestros uigures. En su juicio, se le negó al periodista el derecho a ser defendido por un abogado de su elección y sólo se permitió la presencia de un familiar en la vista, su esposa. Amnistía Internacional pide que se lleve a cabo una investigación independiente sobre los disturbios de julio de 2009 para que se conozca qué y quiénes los causaron, cuántas personas murieron y quiénes fueron los responsables de las mismas.