Comenzamos esta semana en Kirguistán, donde exigiremos una investigación sobre los graves sucesos ocurridos en los últimos días, en los que centenares de personas han muerto. Aplaudiremos la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre comercio de “instrumentos” de tortura. Viajaremos hasta Bolivia para pedir justicia por el caso de “La Masacre de Pando”, cuyo juicio está actualmente en curso. Y por último, instaremos al Gobierno de Israel a poner fin a las demoliciones ilegales de viviendas palestinas.

Kirguistán: graves sucesos ocurridos en los últimos días, en los que centenares de personas han muerto

Esta semana comenzamos en Kirguistán. Amnistía Internacional ha pedido una investigación internacional sobre los hechos ocurridos durante los últimos días, donde centenares de personas han muerto y millares han resultado heridas y han perdido su hogar. Estos mortales sucesos comenzaban el pasado 10 de junio, con enfrentamientos entre bandas rivales de jóvenes, en su mayoría kirguises y uzbecos, que degeneraron rápidamente en incendios, saqueos y ataques a gran escala contra los distritos de población mayoritariamente uzbeka de las localidades de Osh y Jalal-Abad, y los alrededores. Debido a esta situación, millares de familias uzbekas han huido de sus hogares y viven en campos de acogida improvisados u ocultas en zonas aisladas del país, sin asistencia humanitaria.

Ante lo ocurrido, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades kirguises que soliciten y faciliten una investigación internacional sobre estos ataques. Además, tienen que tomar medidas para proteger a activistas de derechos humanos y periodistas independientes que desempeñan una función esencial en la documentación de violaciones de derechos humanos. En este sentido, es muy preocupante que, según informes, las fuerzas de seguridad hayan intentado confiscar pruebas de vídeo y fotográficas a periodistas y habitantes de la zona que han documentado la violencia. Esta información llega en medio de un creciente número de denuncias de colusión de policías en algunas de las violaciones de derechos humanos cometidas.

Unión Europea: aprobada resolución sobre comercio de “instrumentos” de tortura

Viajamos ahora a Europa. Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, que reconoce la necesidad de que la Comisión y los Estados miembros actúen con urgencia para poner fin al comercio de “instrumentos de tortura”. La organización publicaba en marzo el informe De las Palabras a los Hechos, donde denunciaba cómo empresas europeas participan en el comercio mundial de “instrumentos de tortura” como esposas metálicas para pulgares y “fundas” y “esposas” de electrochoque que pueden administrar descargas de 50.000 voltios a personas presas o detenidas.

Este comercio ha continuado a pesar de que existe un reglamento, en vigor desde 2006, que prohíbe el comercio internacional de material policial y de seguridad diseñado para infligir tortura y malos tratos y regula el comercio de otros materiales ampliamente utilizados en actos de tortura en todo el mundo. La resolución del Parlamento Europeo insta a eliminar las lagunas legales que siguen permitiendo este comercio, y es un primer paso en la dirección correcta. Ahora, los países europeos deben reconocer esta resolución en la próxima reunión del Comité sobre Normas Comunes Aplicables a las Exportaciones de Productos, que se celebrará el próximo 29 de junio, y pasar por fin de las palabras a los hechos. Deben imponer controles realmente efectivos sobre el comercio europeo de material con fines policiales y de seguridad, y asegurarse de que tales artículos no se convierten en parte del conjunto de instrumentos del torturador.

Bolivia: juicio por "La Masacre de Pando"

Nos vamos ahora hasta Bolivia. El 11 y 12 de septiembre del 2008, al menos 11 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en violentos enfrentamientos en la Amazonía boliviana, provocados tras una manifestación campesina por el derecho a la tierra y a los recursos naturales de la zona. Ahora, después de una larga espera provocada por demoras en las investigaciones judiciales y por contiendas procesales, el caso ha llegado finalmente a la etapa de juicio.

Amnistía Internacional considera que estos graves sucesos deben ser objeto de una investigación independiente y de un juicio justo que termine con la correspondiente sanción a los responsables y la reparación a las víctimas. Ahora es el momento de demostrar a todas las personas afectadas que existe un sistema judicial capaz de actuar de forma independiente e imparcial, y de amparar sus derechos. Asimismo, Amnistía Internacional espera que se incluyan en este proceso judicial otras posibles violaciones de derechos humanos que se cometieron tras los sucesos, relativos a denuncias de torturas y otros malos tratos sufridos por 15 campesinos detenidos de forma ilegal en Pando a raíz de los enfrentamientos.

Isreal: demoliciones ilegales de viviendas palestinas

Por último, nos vamos hoy hasta un pequeño pueblo del noroeste de Cisjordania. En Aqaba, al igual que en el 60 por ciento de Cisjordania, no se puede construir ni reparar ningún edificio sin la autorización de las fuerzas armadas de Israel, pero este permiso es casi imposible de conseguir. Desde 1990, el ejército israelí ha dictado órdenes de demolición que afectan al 95% de los edificios de esta pequeña localidad, incluidas viviendas, una guardería, una clínica, una mezquita o la carretera que fue pavimentada por los propios vecinos.

Alqaba es uno de los muchos casos documentados por Amnistía Internacional en su nuevo informe “¿Seguros en casa?”, que revela como las fuerzas israelíes están destruyendo viviendas y otros edificios en los Territorios Palestinos Ocupados con la excusa de que se han construido ilegalmente. Israel deniega casi siempre el permiso para construir, incluso tras largos y costosos procesos burocráticos y judiciales, por lo que la mayoría de los palestinos no tienen más opción que construir sin autorización oficial, aunque, al hacerlo, saben que es posible que los bulldozers israelíes no tarden en derribar sus casas.

En Jerusalén Este y Cisjordania las viviendas palestinas declaradas “ilegales” por las autoridades de Israel pueden ser demolidas en cualquier momento, sin previo aviso y sin compensación alguna para sus habitantes. Según la ONU, más de 600 palestinos –más de la mitad niños y niñas– perdieron su hogar en 2009 tras las demoliciones ordenadas por el Gobierno israelí, y se estima que aún hay unas 4800 órdenes de demolición pendientes en los Territorios Palestinos Ocupados.

Por este motivo, esta semana queremos despedirnos invitándoos a firmar la ciberacción de Amnistía Internacional en www.actuaconamnistia.org para exigir al Gobierno de Israel el fin de las demoliciones de viviendas palestinas.