Esta semana hablaremos de un controvertido plan de vivienda que ha motivado el desalojo forzados de miles de personas de etnia romaní en Italia. Llamaremos la atención sobre los fallos sistémicos y las disparidades en la asistencia de salud materna en Estados Unidos, con una cifra de casi 34.000 mujeres sufriendo cada año complicaciones durante el parto. Denunciaremos la ejecución de un hombre egipcio que podría haber sido declarado culpable de asesinato equivocadamente. Y para acabar, presentaremos datos que indican que empresas europeas participan en el comercio mundial de “instrumentos tortura”.

Empezamos con el “Plan Nómadas” de la ciudad de Roma, un plan de vivienda que está motivando el desalojo forzado de cientos de personas romaníes y allana el camino para que se produzcan miles de desalojos más en los próximos meses. Las medidas prevén la destrucción de más de 100 asentamientos romaníes en la capital y se calcula que unas 6.000 personas serán reubicadas en 13 campamentos, algunos nuevos y otros ampliados, situados a las afueras de la ciudad. La exclusión de las personas de etnia romaní del acceso a la vivienda pública y la iniciativa de las autoridades, que los están reuniendo en campamentos en lugares remotos, sigue incrementando los obstáculos y la discriminación, dificultando su acceso al empleo y a la escolarización de sus hijos e hijas. El “Plan Nómadas” indica que se reubicará en los campamentos a todas las personas con derecho, pero no profundiza sobre los baremos impuestos para alcanzar tal derecho, ni menciona qué será de aquellos que se queden fuera. Este plan puede dejar a más de 1.000 romaníes sin hogar.

Ahora viajamos a Estados Unidos. Amnistía Internacional ha pedido al presidente Barak Obama que establezca una Oficina de Salud Materna que impulse las acciones para reducir el aumento de la mortalidad materna y las complicaciones derivadas del embarazo que están teniendo lugar en el país durante los últimos años. Y es que su riesgo de mortalidad materna resulta superior al de otros 40 países, prácticamente todos los países industrializados. Entre dos y tres mujeres mueren cada día por causas relacionadas con el embarazo, y el riesgo de complicaciones afecta a un tercio de todas las mujeres embarazadas, lo que asciende a la cifra de casi dos millones de mujeres al año. Aunque la salud materna es uno de los derechos humanos que amparan a todas las mujeres en Estados Unidos, independientemente de su raza o sus ingresos, el gobierno no parece dar respuesta a esta grave problemática. Por eso, Amnistía Internacional insta al presidente Obama a trabajar junto con la secretaria de Salud y Servicios Humanos para establecer, y conseguir que el Congreso financie, una única oficina responsable de garantizar que todas las mujeres reciben asistencia materna de calidad.

En Egipto, Atef Rohyum Abd El Al Rohyum, un hombre que podía haber sido declarado erróneamente culpable de asesinato, fue ahorcado la semana pasada en la prisión de Istinaf, en El Cairo. Ese mismo día, Jihan Mohammed Ali, una mujer a la que también se declaró culpable en la misma causa, fue ejecutada en la ciudad de Giza. Los dos habían sido condenados a muerte por el asesinato del esposo de ella, cometido en enero de 2004. Según la mujer, ella había matado a su esposo sola y en defensa propia debido a que él la maltrataba, y Atef únicamente le había ayudado a trasladar el cadáver. Estos indicios fueron presentados para su recurso a mediados del año pasado; sin embargo, nadie advirtió a la familia que el recurso no había prosperado, y no se les informó de la ejecución hasta que se les pidió recoger el cadáver. Esta es una práctica normal en Egipto, donde las ejecuciones no se anuncian hasta que se han llevado a cabo y a los presos condenados no se les comunica ni el día ni la hora de la ejecución. Sólo el año pasado, los tribunales egipcios impusieron más de 269 condenas de muerte.

Finalizamos denunciando las lagunas legales que permiten que empresas europeas comercien con “instrumentos de tortura”. A pesar de la introducción en 2006 de controles en el ámbito europeo que prohíben el comercio internacional de materiales diseñados para infligir torturas y malos tratos, un informe de Amnistía Internacional pone de relieve que estas actividades han continuado, con empresas que comercian con esposas con sujeción a la pared, “esposas para pulgares” metálicas, y “mangas” y “esposas” de electrochoque que administran descargas de 50.000 voltios. Han pasado tres años desde la entrada en vigor de estos controles, y varios Estados europeos todavía no han aplicado el Reglamento: países como Alemania y la República Checa, que han autorizado la exportación de armas y dispositivos de sujeción destinados a la labor policial a un mínimo de nueve países en los que Amnistía Internacional ha documentado el uso de los materiales en actos de tortura. Como parte de sus compromisos de combatir la tortura allí donde se produzca, el informe pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que subsanen las lagunas legislativas y hagan cumplir el Reglamento para asegurarse de que los artículos del comercio europeo no se convierten en parte de los instrumentos del torturador