Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana daremos la bienvenida a la conmutación de la pena de muerte de Nabil Manakli en Yemen, quien se enfrenta ahora a 15 años de prisión. Pediremos que la Unión Europea potencie sus esfuerzos en la reducción de la mortalidad materna en África, y que las Naciones Unidas condene la prohibición del aborto en Nicaragua. En India, denunciaremos la polución de las empresas extractivas que están amenazando la salud de la población de Orissa. Y por último, expresaremos nuestra preocupación ante las conclusiones del auto contra el Juez Baltasar Garzón, que le acusa de prevaricación por sus investigaciones contra el franquismo.

Yemen: Conmutación de la pena de muerte de Nabil Manakli

Empezamos en Yemen, donde se ha conmutado la pena de muerte impuesta a Nabil Manakli, ciudadano español de origen sirio que fue condenado por planear actos de sabotaje y de asesinato. Detenido en el año 1997, su sentencia se basó en confesiones supuestamente obtenidas bajo tortura. Tras la conmutación de la pena, se enfrenta a 15 años de prisión. Amnistía Internacional considera que es una gran noticia en el camino a la abolición de un castigo tan inhumano e innecesario como es la pena de muerte en el mundo, pero no se puede olvidar que aún queda un ciudadano español condenado a morir: Pablo Ibar, que lleva esperando en el corredor de la muerte de Florida, Estados Unidos, desde el año 2000.

Mortalidad materna en África,

Cambiamos de asunto. Según un informe publicado por Amnistía Internacional, más de 2.000 mujeres mueren anualmente en Burkina Faso por complicaciones del embarazo y el parto. Sus índices de mortalidad están motivados por problemas de acceso a centros sanitarios, que además son deficientes, por la mutilación genital, la violencia sexual o la falta de información. Amnistía Internacional pide a la Unión Europea, uno de los principales donantes de Burkina Faso, que trabaje local y estatalmente para que se garantice la ley de 1996 que prohíbe la mutilación genital femenina y promueve el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Nicaragua: Naciones Unidas debe condenar la prohibición del aborto

En Nicaragua, la revisión del Código Penal del año 2008 prevé penas de prisión para las mujeres y niñas que intenten abortar, así como para los profesionales de la salud que les ayuden a ello: la prohibición no hace distinciones, y también penaliza los casos, tales como cáncer o emergencias cardiacas, en los que la vida de la mujer corre peligro, así como aquellos en los que el embarazo es consecuencia de violaciones o de incesto. La prohibición del aborto, que está causando un aumento de las muertes maternas y afecta especialmente a las jóvenes víctimas de abusos, es una violación de los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la dignidad. Con ocasión del examen de la situación de los derechos humanos en el país, Amnistía Internacional ha pedido a las Naciones Unidas que presione al gobierno de Nicaragua para que se revoque su prohibición total del aborto, una ley que, antes de su reforma en 2008, había reconocido el aborto terapéutico como una intervención médica legal durante más de 100 años.

India: La polución de las empresas extractivas están amenazando la salud de la población de Orissa

Ahora viajamos hasta la India. En la zona de Orissa, la proposición de una expansión de su refinería de alúmina y un proyecto minero amenazan la salud y el acceso al agua de sus habitantes. La actual refinería de Orissa ya está causando la polución del aire y del agua, y las autoridades han dado información escasa o directamente falsa a la población local sobre el impacto de los nuevos planes. De hacerse realidad, no sólo se aumentaría la contaminación de uno de los principales suministros de agua en una región con varias comunidades marginadas, además la mina propuesta desplazaría a una comunidad protegida compuesta por 8.000 indígenas, haciendo peligrar su propia existencia. Amnistía Internacional denuncia esta situación y hace un llamamiento al Gobierno de la India y a la compañía responsable, la británica Vedanta Resources, para que no prosigan sus planes hasta que todos los problemas existentes, con el consentimiento libre e informado de las comunidades afectadas, tengan solución.

España: preocupación por la acusación contra Garzón por sus investigaciones de los crímenes cometidos en el franquismo

Acabamos en España. En las conclusiones del auto contra el Juez Baltasar Garzón, el Magistrado Instructor del Tribunal Supremo ha acusado a Garzón de delito de prevaricación por intentar localizar y exhumar a las víctimas de los crímenes del franquismo, justificándolo como contrario a la ley de Amnistía del año 1977. Desde Amnistía Internacional se considera que estas afirmaciones son erróneas y que la impunidad de crímenes contra el derecho internacional no puede ser convalidada por ninguna ley de amnistía. Es el deber de las autoridades judiciales españolas investigar, sancionar y reparar todos aquellos crímenes que hayan sido cometidos en un país, aunque sea en el pasado.