Esta semana condenaremos las violaciones de derechos humanos cometidas en Irán desde las pasadas elecciones como las más graves de los últimos 20 años. Viajaremos también hasta Guatemala, donde las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía quedan totalmente impunes. Y nos despediremos contándoos la historia de Sara y como se violan los derechos de los menores en los centros de protección españoles

Irán: continuán las violaciones de derechos humanos desde las pasadas elecciones

Comenzamos esta semana en Irán. Amnistía Internacional ha presentado un nuevo informe sobre el periodo posterior a las elecciones presidenciales del pasado mes de junio, y ha pedido a las autoridades iraníes que garanticen una investigación exhaustiva e independiente de las numerosas acusaciones de tortura, incluida violación, homicidios ilegítimos y otros graves abusos.

Además, la organización ha pedido al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, que permita a dos expertos de derechos humanos de la ONU visitar el país para ayudar a realizar las investigaciones sobre torturas y ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Asimismo, Amnistía Internacional ha pedido que todas las condenas a muerte se conmuten y las personas que aún no han sido juzgadas reciban juicios justos.

Hasta la fecha, las investigaciones anunciadas por diversas autoridades iraníes parecen estar más dirigidas a ocultar los abusos que a descubrir la verdad. El informe describe la constante de abusos que se cometieron antes, en el transcurso y sobre todo después de las elecciones de junio, cuando las autoridades desplegaron a la milicia Basij y a la Guardia Revolucionaria Islámica para reprimir las protestas masivas contra los controvertidos resultados electorales. Además, el documento recoge testimonios de personas que fueron detenidas durante las protestas, algunas de las cuales se han visto obligadas a huir del país.

Guatemala: impunidad policial por ejecuciones extrajudiciales

Nos vamos ahora hasta Guatemala, donde continúan denunciándose homicidios cometidos por agentes de policía, a menudo de jóvenes con antecedentes policiales o sospechosos de participar en delitos. Amnistía Internacional ha condenado la falta de medidas del gobierno guatemalteco para investigar exhaustivamente estas ejecuciones.

Los medios de comunicación y las autoridades han calificado a menudo de “limpieza social” estas ejecuciones extrajudiciales, señalando que sus autores se toman la justicia por su mano para “librar” a la sociedad de quienes sospechan que están implicados en actividades delictivas. Sin embargo, las autoridades de Guatemala no investigan estos homicidios.

Amnistía Internacional ha recibido frecuentes informes sobre personas a las que, después de haber entrado en contacto con la policía, no se las ha vuelto a ver vivas. En la mayoría de los casos, el cadáver de la víctima, a veces de tan sólo 13 años, ha aparecido tirado en un descampado o en un basurero, con las manos atadas a la espalda y estrangulado o con múltiples balazos hechos a corta distancia. Las investigaciones de los homicidios suelen tardar meses en abrirse, y para entonces gran parte de las pruebas que podrían servir para identificar a los responsables se han perdido.

Violación de los derechos de los menores en los centros de protección españoles

Y esta semana nos despedimos en España. Sara Casas tiene 25 años. Lleva desde que tenía poco más de 5 en centros de acogida de menores. Cuando tenía 15 años, tuvo un enfrentamiento con un educador, porque quería ir a ver a su madre el día de su cumpleaños. Ese mismo día se despertó en una ambulancia, sin más explicaciones, e ingresó en el centro de protección terapéutico Dulce Nombre de María en Málaga. Sara nos ha contado que fue sometida a medicación forzada y constante sin consentimiento, que nunca supo su diagnóstico, y que pasó días atada y aislada.

Al cumplir los 18 años, el personal del centro llamó a su madre para que se la llevara. Salió en una silla de ruedas porque no podía moverse por los efectos de la medicación. Actualmente, Sara revive su pesadilla con sus tres hijos, internos en un centro de atención residencial desde octubre del 2006. Su abogado ha contado a Amnistía Internacional que Sara ha venido enfrentándose sin recursos ni conocimiento a la administración, que le reclama que pruebe a la Junta de Andalucía que es una madre apta. Paradójicamente, Sara ha sido educada 12 años por la misma administración.

Sara es uno de los numerosos casos que aparecen en el nuevo informe de Amnistía Internacional titulado “Si vuelvo, ¡me mato!”. Estos menores que ingresan en centros de protección terapéuticos, bajo la protección y el cuidado de la Administración española, pueden ser víctimas de abusos sexuales, malos tratos o tratamiento cruel y degradante. Pueden ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados, medicados sin la debida diligencia y en contra de su voluntad. Estos abusos contra los derechos humanos de estos menores quedan en la mayoría de los casos impunes e invisibles, ya que no se realizan investigaciones imparciales e independientes.

Por este motivo, Amnistía Internacional ha pedido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que impulse una investigación urgente sobre estos graves abusos de derechos humanos. Que elabore junto a las comunidades autónomas protocolos para controlar y supervisar este tipo de centros de menores, y que aborde la reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.

Ya puedes firmar esta petición al presidente del Gobierno español en nuestra página web www.actuaconamnistia.org.