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Amnistía Internacional, informativo semanal a 7 de abril de 2016

11 de abril de 2016. En nuestro boletín informativo de esta semana, pediremos al gobierno en funciones español que cumpla su obligación de acoger a miles de personas refugiadas. Además, hablaremos de la situación de la pena de muerte en el mundo ya que en 2015 las ejecuciones alcanzaron la mayor cifra registrada en más de 25 años. Nos iremos también a Bahréin, donde Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que aprovechen el Gran Premio de Fórmula Uno para poner fin a la represión. Terminaremos esta semana en Chile, donde el doble sistema de justicia en el país otorga impunidad a la policía en los abusos de derechos humanos.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  Duración aproximada: 00:07:00

Amnistía Internacional exige a Rajoy que cumpla su obligación de acoger a miles de personas refugiadas

Comenzamos este repaso en España. Amnistía Internacional ha solicitado al presidente en funciones, Mariano Rajoy, que comparezca para dar cuenta del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre las personas refugiadas, para que España amplíe su compromiso de acoger a personas refugiadas procedentes de Siria, así como que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para reubicar urgentemente a las que están actualmente en Europa.

Amnistía Internacional ha señalado que es necesario que los Estados de todo el mundo reasienten como mínimo al 10% de las personas refugiadas sirias más vulnerables, es decir, a unas 480.000 que necesitan salir de países limítrofes a Siria, como Líbano o Jordania. En España llevamos meses escuchando diferentes cifras. Las últimas comprometidas han sido ridículas e insuficientes una vez más: 595 refugiados se sumarían al Programa Nacional aprobado en noviembre de 2015 de reasentar a 854 personas.

Hablamos de un número que muestra la poca solidaridad del gobierno español y su falta de compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos que exige que las personas que procedan de países en conflicto o que sufren persecución o violencia puedan acceder a protección internacional.

España no parece haber asumido un compromiso real con la situación en la que se encuentran estas personas, que huyen de la guerra y el horror. No olvidemos que desde mayo de 2015, no ha reasentado a ninguna persona.

La pena de muerte en 2015: Las ejecuciones alcanzan la mayor cifra registrada en más de 25 años

Hablamos ahora de la situación de la pena de muerte en 2015. Durante el año pasado aumentó de forma espectacular la cifra mundial de ejecuciones registradas ya que se dio el mayor número registrado en ningún otro momento en el último cuarto de siglo. Un aumento que se debió en gran medida a Arabia Saudí, Irán y Pakistán.

Al menos 1.634 personas fueron ejecutadas en 2015, lo que supuso un aumento de más del 50% con respecto al año anterior y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde 1989. No se incluye en esta cifra total a China, donde es probable que fueran ejecutadas miles de personas más, pero donde los datos sobre la pena de muerte se tratan como secreto de Estado.

A pesar de los retrocesos de 2015, el mundo continúa avanzando hacia la abolición de la pena de muerte. Algunas novedades del año pasado permitieron abrigar esperanzas y revelaron que los países aferrados a la pena capital constituyen una minoría aislada. En 2015 abolieron totalmente la pena de muerte en su legislación cuatro países: Fiyi, Madagascar, República del Congo y Surinam. Además, Mongolia aprobó un nuevo código penal que abolía la pena de muerte y que entrará en vigor en 2016.

Por primera vez, la mayoría de los países del mundo, 102, han abolido ya por completo la pena de muerte. En total, hay en todo el mundo 140 estados abolicionistas en la ley o en la práctica.

Bahréin: Que la Fórmula Uno sirva para poner fin a la represión

Nuestra siguiente parada es Bahréin. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades del país que aprovechen la brillante celebración del Gran Premio de Fórmula Uno para poner en libertad de inmediato e incondicionalmente a todos los presos de conciencia que están recluidos sólo por expresar de forma pacífica sus opiniones, y para acabar con el hostigamiento de los activistas políticos y de derechos humanos.

A pesar de las promesas de reforma hechas en 2011 ante la ira de la población y las críticas internacionales tras la dura represión de las protestas multitudinarias por las autoridades, las ruedas de la represión siguen girando en Bahréin.

Las autoridades han restringido severamente el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, no han abordado eficazmente el problema de la tortura y otros malos tratos de los detenidos y otros abusos policiales, y han dictado largas penas de cárcel y condenas a muerte tras juicios sumamente injustos. Además, han privado a los ciudadanos de Bahréin de su nacionalidad por imprecisos motivos de seguridad, convirtiéndolos en apátridas y expulsándolos del país.

Si las autoridades desean proyectar una imagen más positiva al mundo, deben mejorar la realidad de los derechos humanos en Bahréin. Una buena forma de empezar sería poner de inmediato en libertad incondicional a todos los presos de conciencia, detener las expulsiones e introducir reformas que respeten los derechos humanos en el sistema de justicia y en las leyes del país.

Chile: Un doble sistema de justicia otorga impunidad a la policía en los abusos de derechos humanos

Nuestra última parada es Chile. En un informe, Amnistía Internacional denuncia cómo el sistema doble de justicia del país permite a los agentes de policía golpear, maltratar y, en algunos casos, incluso matar a manifestantes pacíficos y a otras personas, porque, como mucho, les impondrán sólo una sanción minúscula.

El documento revela que, de manera habitual, los tribunales militares de Chile, que conocen de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, no abren investigaciones ni procesamientos contra los agentes sospechosos de haber cometido un delito. Los juicios ante estos tribunales no suelen presentar ni siquiera el grado más básico de independencia e imparcialidad.

Raras veces han dictado los tribunales militares sentencias condenatorias contra agentes de las fuerzas de seguridad sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos. En las contadas ocasiones en que se abre realmente una investigación, el proceso se celebra a puerta cerrada, la condena es manifiestamente leve y el agente no suele ir a prisión.

Amnistía Internacional ha señalado que es hora de que el gobierno y el Congreso concedan a este asunto la importancia que merece y pongan de manifiesto que están del lado de la ley impidiendo que los tribunales militares se ocupen de casos de violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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