El boletín informativo de esta semana está dedicado a la presentación del Informe Anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 160 países.

26 de febrero de 2016
| Producción: URCM
| Duración: 00:06:00

Aunque ha habido avances en determinadas áreas, muchas personas y comunidades sufrieron graves abusos contra los derechos humanos. En 2015 se calcula que hubo más de 60 millones de personas desplazadas de sus hogares en todo el mundo. Además, al menos 30 países obligaron ilegalmente a personas refugiadas a volver a países donde correrían peligro.

Asimismo, 2015 también fue el año en el que al menos 156 defensores y defensoras de los derechos humanos murieron en detención o fueron víctimas de homicidio y en el que al menos 113 países se restringió arbitrariamente la libertad de expresión y de prensa.
Derechos humanos en 2015

En el Informe Anual de Amnistía Internacional, la organización advierte de una tendencia insidiosa y progresiva al debilitamiento de los derechos humanos, fruto de la acción deliberada de gobiernos para atacar, abandonar o no financiar las instituciones creadas para ayudarnos a proteger nuestros derechos.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos apoyo político y financiación plena de los sistemas existentes para hacer respetar el derecho internacional y proteger los derechos de las personas.

Los derechos humanos, amenazados nacionalmente

Amnistía Internacional ha documentado el número de gobiernos que en 2015 han infringido descaradamente el derecho internacional en su ámbito nacional: más de 122 Estados ejercieron la tortura u otros malos tratos y 30 o más obligaron ilegalmente a personas refugiadas a retornar a países donde corrían peligro. En al menos 19 países, el gobierno o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las “leyes de la guerra”.

Amnistía Internacional advierte igualmente sobre una tendencia preocupante en los gobiernos, que cada vez adoptan más medidas y emprenden más ataques contra activistas, profesionales de la abogacía y otras personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Esto en parte se debe a la reacción de muchos gobiernos ante las nuevas amenazas para la seguridad durante el pasado año.

La ONU precisa revitalización urgente

En 2015 también será recordado porque las Naciones Unidas y sus oficinas de protección de derechos humanos y personas refugiadas se resintieron gravemente por culpa de la hostilidad y el abandono de recalcitrantes gobiernos en 2015.

Muchos gobiernos han impedido a propósito que actúe la ONU para evitar atrocidades masivas o para obligar a rendir cuentas a los autores de esas atrocidades, y han desoído o despreciado sus recomendaciones destinadas a mejorar la situación nacional de los derechos humanos.

El conflicto sirio es un terrible ejemplo de las catastróficas consecuencias del fracaso sistémico de la ONU en el cumplimiento de su función fundamental para hacer respetar los derechos y el derecho internacional y para garantizar la rendición de cuentas.

Amnistía Internacional pide a los Estados miembros de la ONU y a su Consejo de Seguridad que muestren ideas nuevas y audaces para avanzar en las reformas, empezando por el proceso de elección del secretario o secretaria general.

España no es una excepción

Si nos fijamos en España, el país participa también en esta tendencia de recorte de libertades y derechos. Con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal, el pasado mes de julio, se ha limitado el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. Se han establecido límites adicionales sobre dónde y cuándo deben celebrarse manifestaciones, y se han otorgado amplias competencias a las fuerzas de seguridad que podrían multar con hasta 30.000 euros a personas que muestren "falta de respeto" o que graben imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias.

Durante 2015, se reformó el Código Penal en materia antiterrorista. La definición de terrorismo es tan vaga, que hasta el Relator Especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, alertaba de que estas modificaciones podían penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo y restringir desproporcionadamente el legítimo derecho de la libertad de expresión.

En el ámbito internacional, España ha tenido una política de doble rasero. Ha dado pasos positivos pidiendo que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se autolimiten en el uso del veto o demandando un mayor seguimiento e implementación de las recomendaciones de derechos humanos de los mecanismos de Naciones Unidas. Pero por otra parte, el Gobierno ha hecho reformas legislativas contrarias al derecho internacional y ha desoído las diferentes recomendaciones que organismos como Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, entre otros, han hecho a España en diferentes ámbitos.

Llamada a la acción

Hoy el mundo se enfrenta a múltiples desafíos que, en su origen, son creados o prolongados por gobiernos que juegan a hacer política con la vida de las personas. Millones de personas refugiadas están sufriendo mientras proliferan los conflictos, y los grupos armados atacan deliberadamente a civiles, entre otros abusos graves.

Son los dirigentes mundiales quienes tienen en sus manos la posibilidad de impedir que estas crisis se vuelvan todavía más incontrolables. Los gobiernos deben parar su asalto contra nuestros derechos y reforzar las defensas que ha establecido el mundo para protegerlos. Los derechos humanos son necesarios, no accesorios, y la humanidad nunca se ha jugado tanto como ahora.

En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un (...)
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