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Amnistía Internacional, informativo semanal a 17 de julio de 2015

17 de julio de 2015. En nuestro boletín informativo de esta semana hablaremos de la situación de diez mujeres que podrían ser flageladas en Sudán tras ser acusadas de "indumentaria indecente". Nos fijaremos también en España, donde se debe retirar la reforma sobre aborto que discrimina a menores y mujeres con discapacidad. En Burkina Faso, los candidatos a las próximas elecciones deben adoptar una postura más estricta sobre el matrimonio forzoso y precoz y a facilitar el acceso de mujeres y niñas a medios anticonceptivos así como a información y servicios de salud sexual y reproductiva. Nuestra última parada será Irán, donde cinco meses después de la fecha prevista de ejecución se ha conocido ahora el paradero de un condenado a muerte.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  Duración aproximada: 00:07:15

Sudán: Diez mujeres cristianas podrían ser flageladas por "indumentaria indecente"

Comenzamos este repaso en Sudán, donde las autoridades deben liberar de inmediato a 10 mujeres que fueron detenidas en la capital acusadas de “indumentaria indecente”, y retirar los cargos contra ellas. En el momento de la detención, las mujeres –cristianas y estudiantes de edades comprendidas entre los 17 y los 23 años– vestían pantalones o faldas. La Policía de Orden Público dio el alto a 12 de ellas ante la iglesia baptista evangélica, donde habían asistido a una ceremonia. La policía puso en libertad a dos de ellas posteriormente. Las diez restantes, contra las cuales se presentaron cargos, comparecerán ante el juez la semana que viene y, si son declaradas culpables, podrían ser condenadas a 40 latigazos cada una.

Amnistía también pide a las autoridades de Sudán que deroguen este “delito” de “indumentaria indecente”, dispuesto en el artículo 152 del Código Penal de 1991. Este artículo concede a la Policía de Orden Público amplias facultades para detener a cualquier persona por indumentaria indecente, un delito castigado con 40 latigazos, el pago de una multa o ambas cosas.

Amnistía Internacional ha señalado que es indignante que estas mujeres se enfrenten a ser flageladas por el mero hecho de decidir llevar una falda o unos pantalones.

España: Se debe retirar la reforma sobre aborto que discrimina a menores y mujeres con discapacidad

Nos detenemos ahora en España, donde esta semana se ha debatido en el Congreso la reforma sobre el aborto que discrimina a menores y mujeres con discapacidad. La reforma pretende limitar la autonomía y el acceso a un aborto legal y seguro de las adolescentes de 16 y 17 años y de las mujeres y adolescentes con discapacidad, al exigirles el consentimiento parental para poder tomar la decisión.

Exigir este consentimiento, implicaría muy probablemente, un aumento del número de adolescentes que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, bienestar, y hasta su vida. Asimismo, coloca a las menores que puedan ser objeto de violación por parte de su progenitor o de las personas que ostenten la patria potestad, en una situación de especial indefensión.

Amnistía Internacional ha recordado, una vez más, que esta proposición es discriminatoria, tal y como han indicado organismos internacionales como el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación de la mujer en la ley y en la práctica, que señala que se trata de una medida contraria a las obligaciones de la Convención de los Derechos del Niño y a las de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Entre otras recomendaciones, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que pide que se retire la Proposición de Ley, recuerda a España que los y las menores tienen derecho a determinados tratamientos médicos e intervenciones sin el permiso de sus padres o tutores legales, como los test de VIH, servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la educación sexual, los métodos anticonceptivos y el aborto seguro.

Burkina Faso: No se puede ignorar la crisis de las mujeres en las elecciones

Nuestra siguiente parada es Burkina Faso. Allí, Amnistía Internacional ha presentado estos días la campaña Mi cuerpo, mis derechos con un manifiesto de derechos humanos donde pide a los candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas del 11 de octubre de 2015 que se comprometan a adoptar una postura más estricta sobre el matrimonio forzoso y precoz y a facilitar el acceso de mujeres y niñas a medios anticonceptivos así como a información y servicios de salud sexual y reproductiva.

Además, la organización ha lanzado una ciberacción para lograr firmas con las que presionar a las autoridades con este mismo propósito. En la actualidad, las jóvenes de Burkina Faso se enfrentan a numerosas trabas que les impiden realizar sus esperanzas y sueños. Sus familias podrían casarlas y, aunque ellas puedan permitirse usar medios anticonceptivos, sus parejas podrían negarse a usarlos o no permitírselo a ellas.

A pesar de que la Constitución y la legislación de Burkina Faso protegen la igualdad de género, la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz y forzado y la violencia en el ámbito familiar en la práctica están muy extendidos.

Irán: Cinco meses después de la fecha prevista de ejecución se conoce el paradero de un condenado a muerte por un delito cometido siendo menor de edad

Terminamos este boletín en Irán. Un joven condenado a ejecución y del que se desconocía su paradero ha podido llamar a sus familiares tras cinco meses de sufrimiento para sus seres queridos que no han tenido noticias suyas durante este tiempo.

Saman Naseem, de 21 años, fue condenado a muerte en abril de 2013 tras un juicio gravemente defectuoso que estuvo basado en gran medida en las pruebas autoinculpatorias obtenidas mediante tortura. Fue acusado de "enemistad con Dios" y "corrupción en la tierra" por su presunta pertenencia al Partido por una Vida Libre en Kurdistán, grupo kurdo armado de oposición. Se argumentó que había tomado parte en las actividades armadas contra la Guardia Revolucionaria cuando tenía 17 años.

La víspera de la fecha prevista de su ejecución fue trasladado a un lugar desconocido que, según se ha confirmado ahora, era la prisión de Zanjan, al noroeste de Teherán. Hasta ahora, ni su familia ni sus abogados habían recibido información concreta de ninguna clase sobre su paradero. El Tribunal Supremo, además, ha admitido la solicitud de revisión judicial de Saman Naseem, lo que significa que su fallo condenatorio y condena han sido anulados y que tiene derecho a que se celebre otro juicio completo.

Las autoridades iraníes ahora deben garantizar que se vuelve a juzgar con las debidas garantías a Saman Naseem, sin basarse en pruebas empañadas por tortura y sin recurrir a la pena de muerte. Asimismo deben permitirle acceso inmediato y completo a su abogado, a familiares y a toda la asistencia médica que pueda necesitar.

Amnistía Internacional, informativo semanal
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