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Amnistía Internacional, informativo semanal a 29 de noviembre de 2013

29 de noviembre de 2013. Esta semana, en nuestro boletín informativo hablaremos de España donde ocho mujeres han muerto en lo que va de año sin ser protegidas a pesar de denunciar la violencia de género. Además, Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón han presentado a las autoridades españolas un paquete de medidas para salir de la crisis con dignidad y respetando los derechos de los ciudadanos. También hablaremos de la República Centroafricana donde la ONU debe hacer frente a la catástrofe de derechos humanos que se avecina. Además, nos detendremos en Irán, donde el presidente Ruhaní debe cumplir las promesas en materia de derechos humanos. Por último, nos pondremos nuestro foco en Egipto, donde la nueva ley sobre manifestaciones que otorga amplia libertad a las fuerzas de seguridad es una amenaza para la libertad de reunión.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  

España: Amnistía Internacional manifiesta que ocho mujeres murieron sin ser protegidas, a pesar de denunciar la violencia de género

Arrancamos este repaso en España donde con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora el 25 de noviembre, Amnistía Internacional recuerda que las víctimas de violencia de género siguen sufriendo trabas en su acceso a la justicia. La organización ha tenido conocimiento de que al menos 8 de las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas habían pedido algún tipo de protección.

Son muertes que se podrían haber evitado y por eso se ha puesto en marcha una ciberacción para exigir al gobierno que la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial asegure la especialización real y no nominal de los jueces de los juzgados de violencia. Entre otras medidas, debe garantizarse la formación y especialización del conjunto de profesionales en el ámbito de la protección y la justicia.

A pesar de que las autoridades españolas insisten en que si no hay denuncia, las mujeres no pueden recibir ayuda, Amnistía Internacional manifiesta que el Estado no puede justificar su inacción haciendo recaer el peso en las víctimas y debe ofrecer información sobre qué mecanismos han fallado en los casos en los que sí hubo denuncia.

Las deficiencias en las investigaciones de oficio, el alto número de casos sobreseídos o los prejuicios a los que se enfrentan las víctimas son algunos de los obstáculos que encuentran a la hora de enfrentarse a la justicia. Han pasado ocho años desde la puesta en funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y diez desde que fue promulgada la Ley Integral. En esta década, más de 700 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas masculinas y, según las últimas estimaciones oficiales realizadas en 2011, más de dos millones de mujeres han sufrido maltrato de género alguna vez en la vida.

España: Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón presentan al Gobierno un paquete de medidas para salir de la crisis con dignidad y derechos

No abandonamos España porque Amnistía Internacional, junto con Greenpeace y Oxfam Intermón, se ha reunido con el gobierno para expresar sus preocupaciones por las consecuencias que están teniendo las medidas de austeridad adoptadas por el ejecutivo para hacer frente a la crisis. Unas medidas que impactan negativamente en los derechos humanos, el medio ambiente y la justicia social.

Las tres organizaciones han presentado un Decálogo de Medidas frente a la crisis. Estas medidas abordan la desigualdad, el derecho a la salud, vivienda, libertad de expresión y manifestación pacífica, así como sobre la lucha contra la evasión fiscal, o la consecución de un modelo energético y una gestión de los recursos sostenible. Asimismo, se recuerda la necesidad de la creación de un empleo verde, de la recuperación de la cooperación para el desarrollo, y del refuerzo en el control del comercio de armas responsable.

Las organizaciones denuncian que las políticas emprendidas hasta el momento han causado un aumento de los niveles de desigualdad. Además, casi dos millones de familias españolas no tienen ningún ingreso y una de cada cuatro vive en la pobreza o en condiciones de exclusión social. Cerca de 900.000 personas migrantes en situación irregular se han quedado sin tarjeta sanitaria desde septiembre de 2012 y se han llevado a cabo más de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008.

Por otro lado, el presupuesto para luchar contra la pobreza en el ámbito internacional se ha reducido en los dos últimos años en un 70% y en un 90% en la ayuda humanitaria. Así mismo, las trabas del gobierno al desarrollo de las energías renovables están provocando que se dejen de crear miles de empleos cada año. Se estima que hasta 2020 se podrían crear 120.000 nuevos con las políticas correctas.

República Centroafricana: La ONU debe hacer frente a la catástrofe de derechos humanos que se avecina

Nuestra siguiente parada es la República Centro Africana. Amnistía Internacional ha señalado que la ONU deberá tener plenamente en cuenta la catástrofe de derechos humanos de proporciones épicas que se cierne sobre el país cuando estudie las opciones de mantenimiento de la paz presentadas por su secretario general.

La situación empeora a diario en la República Centroafricana, con ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, violaciones y otros actos de violencia sexual contra mujeres y niñas cometidos extensamente y con total impunidad por miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos armados por igual.

Las condiciones de seguridad se han deteriorado rápidamente desde diciembre de 2012, cuando la coalición de grupos armados Seleka lanzó una ofensiva contra el ex presidente François Bozizé. Desde que Seleka tomó el poder en marzo, la violencia de sus combatientes y de los grupos armados de oposición ha crecido en espiral y está fuera de control, y en gran parte del país impera una situación de desgobierno. La comunidad internacional debe actuar antes de que sea demasiado tarde para garantizar el fin de los abusos.

Irán: El presidente Ruhaní debe cumplir las promesas en materia de derechos humanos

Nos detenemos ahora en Irán. En los primeros 100 días de gobierno del presidente Ruhaní, los derechos humanos en el país han seguido siendo un asunto de baja prioridad a pesar de las promesas formuladas durante la campaña de las elecciones presidenciales. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a ir más allá de la retórica y a tomar medidas urgentes y concretas para abordar la deplorable situación de los derechos humanos en el país.

Durante años, la situación de los derechos humanos en Irán ha sido eclipsada, tanto en el ámbito internacional como en el interior del país, por los debates sobre el programa nuclear iraní. Ahora que se ha alcanzado el acuerdo, no debe haber ninguna demora más en lo relativo a abordar la terrible situación de los derechos humanos en Irán.

A pesar de algunas novedades iniciales positivas –en concreto la liberación de algunos presos políticos y la reincorporación de algunos estudiantes y profesores universitarios proscritos–, las prisiones de Irán continúan llenas de presos políticos y de presos de conciencia, a muchos de los cuales no les presta una atención médica adecuada. Por otro lado, durante su campaña electoral, el presidente Ruhaní hizo promesas en relación con la libertad de prensa, pero se sigue deteniendo a periodistas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Las violaciones de derechos humanos están muy extendidas en Irán. La tortura y otros malos tratos, especialmente durante la detención previa al juicio, son prácticas habituales y se cometen con impunidad. Así mismo, Amnistía Internacional siente alarma ante la creciente tasa de ejecuciones en Irán, especialmente desde que el presidente Ruhaní tomó posesión de su cargo. Aunque la aplicación de las condenas a muerte en Irán está bajo la responsabilidad del poder judicial (Magistratura), el presidente Ruhaní no ha adoptado todavía una postura en contra de la tasa de ejecuciones cada vez mayor en el país.

Egipto: Nueva ley sobre manifestaciones otorga amplia libertad a las fuerzas de seguridad

Nuestra última parada es Egipto. Amnistía Internacional ha señalado que la nueva ley que establece considerables restricciones sobre las manifestaciones es un duro revés que conlleva una grave amenaza para la libertad de reunión y otorga a las fuerzas de seguridad amplia libertad para usar fuerza excesiva contra los manifestantes, incluidos medios letales.

Esta norma otorga al Ministerio del Interior amplios poderes discrecionales sobre las manifestaciones y define con amplitud las circunstancias en que es posible considerar que los manifestantes infringen la ley. La organización ha señalado que el hecho de que la primera ley que regula derechos y libertades aprobada tras la destitución de Mohamed Morsi imponga restricciones a la libertad de reunión y trate a los manifestantes pacíficos como delincuentes es una señal muy preocupante.

No sólo autoriza a la policía a disolver manifestaciones pacíficas, sino que le otorga potestad para disparar contra manifestantes que no representan una amenaza para la vida o la integridad de los demás. Amnistía Internacional teme que las fuerzas de seguridad hagan uso de la autoridad que les confiere la nueva ley para disolver manifestaciones pacíficas por no cumplir los requisitos legales, establecidos en términos tan poco precisos como “interrumpir el tráfico” o “celebrar manifestaciones en lugares de culto”.

La ley impone además prohibiciones generalizadas de celebrar manifestaciones y concentraciones públicas de “carácter político” en lugares de culto. Los manifestantes que infringen la ley se enfrentan a una pena de hasta cinco años de cárcel o al pago de fuertes multas de14.513 dólares estadounidenses. Tales restricciones y castigos, que van mucho más allá de lo permisible en virtud del derecho internacional, coartan gravemente el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Egipto.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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