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Amnistía Internacional, informativo semanal a 22 de noviembre de 2013

22 de noviembre de 2013. Esta semana en nuestro boletín informativo hablaremos de Qatar para denunciar la situación de explotación de los trabajadores migrantes del país en el sector de la construcción. Nos detendremos también en España, donde la ONU ha pedido al gobierno y al poder judicial eliminar los obstáculos para investigar las desapariciones del franquismo y la Guerra Civil. También hablaremos de Kenia, donde el Consejo de Seguridad de la ONU debe rechazar las peticiones de posponer el juicio de la Corte Penal Internacional. Por último, viajaremos a Sudán para pedir que se retiren los cargos contra dos activistas que podrían ser condenados a flagelación.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  

Qatar: Debe ponerse fin a la explotación de trabajadores migrantes de la construcción

Comenzamos este repaso en Qatar. Amnistía Internacional ha denunciado, en un informe llamado “El lado oscuro de la migración”, la explotación que sufren miles de trabajadores en el país. El documento pone de manifiesto que en el sector de la construcción abundan los abusos pues hay proyectos multimillonarios que emplean a trabajadores en condiciones de grave explotación.

Coincidiendo con los planes de inicio de la construcción de estadios para el Mundial de Fútbol de la FIFA 2022, el informe desentraña un complejo engranaje contractual y revela la existencia de abusos habituales y generalizados contra trabajadores migrantes, que en algunos casos constituyen trabajo forzoso. Amnistía Internacional pide al gobierno qatarí que revise la Ley de Patrocinio, que es la que permite este tipo de abusos. Además, la organización exige a las empresas, incluída la española OHL, que establezcan mecanismos de debida diligencia en relación con las empresas subcontratatadas y proveedoras para prevenir la explotación laboral.

Algunos de los abusos que denuncia la organización van desde el retraso o simplemente el impago de salarios por parte de los empleadores hasta la retención de los pasaportes de sus trabajadores como medida para impedirles salir del país, pasando por no gestionarles los permisos de residencia tal como dispone la ley qatarí, lo que deja indocumentados a los migrantes y expuestos a ser detenidos y deportados a sus países y sin acceso a atención médica.

Asimismo, sus condiciones de trabajo y de alojamiento son duras y peligrosas: muchos son obligados a trabajar durante un excesivo número de horas y sin las protecciones adecuadas sobre salud y riesgos en los lugares de trabajo. También es difícil para ellos denunciar su situación: la ley permite sólo a los trabajadores qataríes el derecho a formar parte de una asociación o un sindicato, contraviniendo así las normas internacionales que indican que la libre asociación y reunión es un derecho universal. El informe también denuncia que algunos gerentes consideran normal infringir las normas laborales. En Qatar son habituales las actitudes discriminatorias hacia los trabajadores migrantes, muchos de ellos procedentes del sur o sudeste de Asia.

España: La ONU pide al Gobierno y al poder judicial eliminar los obstáculos para investigar las desapariciones del franquismo y la Guerra Civil

Seguimos ahora en España, donde Amnistía Internacional da la bienvenida a las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas que exhortan a investigar todas las desapariciones forzadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aún cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal.

Dichas recomendaciones defienden, además, que se adopten las medidas necesarias para eliminar los obstáculos a estas investigaciones, en particular la interpretación de la Ley de Amnistía de 1977. Para el Comité, que por primera vez ha examinado la situación española, esta norma no debe impedir las investigaciones de crímenes del derecho internacional como los cometidos durante el franquismo y la Guerra Civil.

Por otra parte, el Comité ha expresado su preocupación por la interpretación errónea en relación al derecho internacional por parte del Tribunal Supremo en el llamado "caso Garzon", donde, entre otros argumentos, invocó la ley de amnistía y la muerte de los presuntos responsables para justificar la imposibilidad de investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas en España en el pasado.

Finalmente, el Comité ha indicado la necesidad de incorporar en la legislación española la desaparición forzada como delito autónomo, así como la prohibición de proceder a una expulsión, devolución, entrega o extradición cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.

Kenia: El Consejo de Seguridad de la ONU debe rechazar las peticiones de posponer el juicio de la CPI

Nuestra siguiente parada es Kenia, donde el Consejo de Seguridad de la ONU no debe ceder a la presión política para posponer durante un año el juicio del presidente del país, Uhuru Kenyatta, ante la Corte Penal Internacional. Este mismo mes, Ruanda, miembro del Consejo de Seguridad, distribuyó una propuesta de resolución en la que pedía el aplazamiento.

Amnistía Internacional ha señalado que posponer el juicio sentaría un peligroso precedente para la justicia internacional, y abriría el camino para hacer descarrilar, por intereses políticos, juicios futuros. La organización también ha denunciado que las víctimas de la violencia postelectoral de Kenia ya han esperado bastante a que se haga justicia y que sería una pena que los miembros del Consejo de Seguridad dieran prioridad a los intereses personales de los dirigentes políticos por encima de los intereses de las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Tras el ataque lanzado contra el centro comercial Westgate en la capital de Kenia, Nairobi, la CPI accedió a la petición del vicepresidente Ruto de que se pospusiera el juicio para que pudiera hacer frente a la crisis desatada. El juicio de Kenyatta, previsto para el 12 de noviembre de 2013, también se ha aplazado hasta el 5 de febrero de 2014. La CPI también ha declarado que permitirá a ambos acusados ausentarse de la Corte en circunstancias excepcionales. Los dirigentes africanos mostraron su compromiso para con la justicia internacional cuando firmaron el Tratado de Roma, en el que se establece que nadie, ni siquiera un jefe de Estado, está exento de responsabilidad penal por lo que no deben incumplir ese compromiso pidiendo ahora un aplazamiento.

Sudán: Dos activistas podrían ser flagelados por “conducta escandalosa”

Nuestra última parada es Sudán. Las autoridades deben retirar los cargos por “conducta escandalosa” formulados contra dos activistas que podrían ser condenados a flagelación. La organización ha pedido que los cargos sean retirados de forma inmediata e incondicional.

La organización ha denunciado que una vez más, las autoridades sudanesas están utilizando su sistema legal para acosar e intimidar a activistas. Las leyes de orden público que se están aplicando en este caso no especifican qué quiere decir ‘conducta escandalosa’, por lo que las fuerzas de seguridad utilizan su propio criterio para detener y castigar a quien quieren.

Los policías acusaron a Amin Senada de tener la mano en el hombro de Najlaa Mohammed Ali y ordenaron a ambos que los acompañaran al Departamento de Orden Público. Los dos activistas fueron acusados posteriormente de “conducta escandalosa” en aplicación del artículo 152 del Código Penal sudanés, que forma parte de un conjunto más amplio de leyes conocido como “régimen de orden público” y que prevé castigos corporales y multas por lo que se considera conducta inmoral. Estos cargos pueden ser castigados con un máximo de 40 latigazos.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades sudanesas la abolición de la pena de flagelación, que viola la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Así mismo, la organización ha pedido a las autoridades sudanesas que deroguen o revisen radicalmente el artículo 152 del Código Penal lo antes posible, para que sea conforme a las obligaciones contraídas por Sudán en virtud del derecho internacional de derechos humanos.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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