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Amnistía Internacional, informativo semanal a 11 de octubre de 2013

12 de octubre de 2013. Esta semana en nuestro boletín informativo hablaremos de la tragedia de Lampedusa para establecer las medidas que deben tomar los países de la Unión Europea para proteger los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. También hablaremos de la pena de muerte, coincidiendo con el Día Mundial contra este castigo inhumano. Pedimos a los gobiernos que no utilicen las ejecuciones como una maniobra política. Por otro lado, nos detendremos en Egipto para denunciar los ataques contra las comunidades de cristianos coptos en el país y la inacción de los servicios de seguridad a la hora de proteger a esta minoría. Nuestra última parada será Túnez para exigir justicia por Faysal Baraket, un estudiante que murió bajo custodia policial hace más de 20 años.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  

Europa: Tres cosas que debe hacer la UE tras la tragedia de Lampedusa

Comenzamos esta semana fijando nuestra atención en el naufragio de una embarcación frente a las costas de Lampedusa. Una tragedia que vuelve a poner de relieve la necesidad de un cambio fundamental en las políticas migratorias de Europa. Amnistía Internacional ha pedido a la Unión Europea y a los gobiernos europeos que adopten medidas enérgicas para evitar más muertes en el mar Mediterráneo y proteger los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas.

Los conflictos, los abusos contra los derechos humanos, la inestabilidad política y las grandes desigualdades son factores clave que llevan a la población a huir o a emigrar desde todas las regiones del mundo. Las restrictivas políticas migratorias que se centran exclusivamente en impedir su entrada en Europa no evitan que la gente intente llegar al continente. Sólo sirven para que esas personas se vean obligadas a tomar rutas más arriesgadas y estén cada vez más a merced de quienes se dedican a la trata y el tráfico ilícito de personas.

Es hora de que los gobiernos europeos y de la Unión Europea reconozcan su responsabilidad. Para ello, deben acordar sin demora las nuevas normas de interceptación para las operaciones en el mar coordinadas por la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex) para lograr unas medidas de rescate efectivo y coordinado en el ámbito de la UE y garantizar que las operaciones realizadas se atienen estrictamente a las leyes y normas internacionales pertinentes.

Así mismo, es necesaria la cooperación con terceros países en el control de la migración. En este sentido, Amnistía Internacional ha pedido insistentemente a la UE y los países europeos que no cooperen con Libia en materia de control migratorio hasta que haya demostrado que respeta los derechos humanos de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo. Por otro lado, deben establecerse rutas seguras a Europa a través del reasentamiento, los programas de acogida humanitaria y la eliminación de las restricciones en la obtención de visado para los refugiados.

La organización ha denunciado que los Estados han eludido sistemáticamente situar los derechos de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en el centro de sus políticas. Se han dedicado cada vez más recursos al control policial de las fronteras de la Unión Europea, en vez de a salvar vidas y proteger a las personas.

Pena de muerte: La reanudación de las ejecuciones es una vergonzosa maniobra política

Pasamos ahora a hablar de la pena de muerte pues los políticos deben dejar de presentar esta práctica como una solución rápida para reducir los elevados índices de delincuencia y abordar los problemas del sistema de justicia penal. Para conmemorar el Día Mundial contra la Pena de Muerte, un nuevo informe de Amnistía Internacional pone de relieve la ausencia de pruebas que respalden la afirmación de que la pena de muerte reduce los delitos graves.

Una minoría de países ha reanudado o prevé reanudar las ejecuciones, a menudo como reacción visceral a unos índices de delincuencia elevados o en aumento, o ante asesinatos especialmente atroces. El año pasado se reanudaron las ejecuciones en Gambia, India, Indonesia, Kuwait, Nigeria, Pakistán y, recientemente, Vietnam. A pesar de ello, los países que llevan a cabo ejecuciones siguen siendo una pequeña minoría, pues 140 países han abolido la pena capital en la ley o en la práctica.

Se ha demostrado que una actuación policial efectiva, unos sistemas de justicia penal operativos y las mejoras en la educación y en los niveles de empleo son clave para reducir los índices de delincuencia.

Los políticos suelen aducir el gran apoyo de la ciudadanía a la pena de muerte como justificación para su uso. Sin embargo, las encuestas tienden a simplificar las complejidades de la opinión pública. Cuando se tienen en cuenta factores como el riesgo de una ejecución errónea y la parcialidad de los juicios, el apoyo público a la pena de muerte disminuye.

Egipto: Los cristianos, chivos expiatorios tras la represión de las sentadas en favor de Morsi

Nuestra siguiente parada es Egipto. Amnistía Internacional ha señalado que un detallado informe sobre los ataques contra las comunidades de cristianos coptos en agosto revela la magnitud de la inacción de los servicios de seguridad a la hora de proteger a esta minoría. El documento examina los acontecimientos que se produjeron durante la oleada sin precedentes de ataques sectarios que tuvo lugar a raíz de la represión de dos sentadas en favor de Morsi en El Cairo, el 14 de agosto.

En él se detalla cómo las fuerzas de seguridad no impidieron los ataques de la muchedumbre enfurecida que incendió y en ocasiones arrasó iglesias, escuelas y centros de beneficencia cristianos y donde murieron al menos cuatro personas. Más de 200 propiedades de cristianos fueron atacadas y 43 iglesias resultaron gravemente dañadas en todo el país tras los acontecimientos del 14 de agosto.

Amnistía Internacional insta a las autoridades egipcias a que lleven a cabo una investigación imparcial e independiente sobre estos ataques sectarios y tomen de inmediato medidas para impedir que vuelvan a ocurrir. Es preciso elaborar y aplicar una estrategia integral de lucha contra la discriminación de las minorías religiosas y revocar las leyes y políticas discriminatorias.

En Egipto hay una larga historia de abuso y discriminación de los cristianos coptos. Bajo el régimen de Hosni Mubarak hubo un abuso tras otro, así como bajo el régimen militar y la presidencia de Mohamed Morsi. Las “sesiones de reconciliación”, el método preferido por las autoridades para resolver las disputas sectarias en Egipto, hasta ahora sólo han servido para consolidar el sentimiento de injusticia entre las comunidades minoritarias y dejar libres a los autores de los ataques. Deben introducirse mecanismos adecuados para proteger a las minorías religiosas y salvaguardar sus derechos.

Túnez: Justicia para una víctima de tortura exhumada tras 22 años de campaña

Por último, nos detenemos en Túnez, donde después de años de incertidumbre, están saliendo a la luz todos los hechos del caso emblemático de Faysal Baraket, estudiante tunecino que murió bajo custodia policial en 1991, poniendo fin de ese modo a años de negación y engaño por parte de las autoridades del país.

Coincidiendo con el 22 aniversario de su muerte, Amnistía Internacional expone en detalle en un informe la terrible experiencia por la que ha pasado su familia en la búsqueda de la verdad y la justicia, así como la prolongada campaña de la organización para cuestionar la versión de las autoridades, según la cual Faysal, que entonces tenía 25 años, murió en un accidente de automóvil y no como consecuencia de tortura.

El caso de Faysal Baraket pone de relieve cómo durante años las fuerzas de seguridad han torturado a las voces disidentes y después lo han negado y encubierto, así como la urgente necesidad de reformar el aparato de seguridad y el poder judicial, que desempeñaron un papel fundamental en el tratamiento que se dio al caso.

La exhumación del cuerpo de Faysal Baraket, miembro del partido opositor islamista Ennahda, tuvo lugar finalmente en marzo de 2013, dos años después de la caída de Ben Alí, y ha aportado nuevos datos forenses que indican que fue torturado. Ahora, Amnistía Internacional pide que los responsables de su muerte comparezcan ante la justicia.

Durante el gobierno de Ben Alí, miles de personas críticas con el gobierno fueron detenidos arbitrariamente, recluidos en régimen de incomunicación y encarcelados después de juicios sin garantías. La práctica de la tortura y los malos tratos era generalizada y aún no se ha establecido un marco integral que garantice la justicia para estos delitos.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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