Una semana más, hablamos de la situación de los derechos humanos, y en esta ocasión iremos hasta Guatemala, España, Marruecos y Estados Unidos.

2 de diciembre de 2005
| Duración: 6:04

 Guatemala

Empezamos hablando de violencia contra la mujer en Guatemala, donde los homicidios de mujeres continúan impunes.

Desde la publicación en junio de 2005 de un informe de Amnistía Internacional sobre el homicidio de cientos de mujeres, la sociedad civil guatemalteca ha seguido presionando a las autoridades para que aborden efectivamente los homicidios.

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por el aumento de los recursos asignados a la investigación de asesinatos de mujeres dentro de la oficina del Fiscal de Delitos contra la Vida. Sin embargo, mientras la inmensa mayoría de los homicidios sigan sin ser investigados ni castigados, estas medidas continuarán siendo insuficientes.

 España

Seguimos hablando de violencia contra las mujeres, pero ahora nos detenemos en España. Diez meses después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, las preocupaciones de Amnistía Internacional con relación a la protección de los derechos de las extranjeras indocumentadas persisten, y además se agravan con medidas recientemente aprobadas por el Gobierno español como la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la actuación de la policía con mujeres inmigrantes sin papeles víctimas de violencia de género.

La Instrucción ordena a los agentes que, una vez realizadas las actuaciones dirigidas a informar y atender a la víctima de violencia de género, averigüen la situación administrativa en la que se encuentra, y en caso de que su situación sea “irregular” inicien las actuaciones pertinentes, que pueden derivar en una sanción administrativa o incluso en un expediente de expulsión

En un nuevo informe titulado, Inmigrantes indocumentadas: ¿hasta cuándo sin protección frente a la violencia de género?, Amnistía Internacional refleja como las mujeres extranjeras indocumentadas víctimas de violencia de género se encuentran expuestas a distinciones arbitrarias, dificultando que este colectivo presente denuncias contra sus agresores.

Además la organización constata que se las excluye del acceso a ayudas económicas por carecer de permiso de residencia; se las deniega el acceso a las plazas de los centros de acogida y se las envía a recursos sociales no especializados en violencia de género.

Estas medidas reflejan, para Amnistía Internacional, que el Estado no cumple con su obligación de proteger los derechos humanos de todas las mujeres víctimas de violencia de género, y contribuye a la discriminación de aquellas que están en una situación de “irregularidad”.

 Sahara Occidental

Nos trasladamos a Marruecos y al Sahara Occidental, donde esta semana serán juzgados ocho defensores de los derechos humanos saharauis procesados por participar en manifestaciones contra el dominio marroquí entre los pasados meses de junio y agosto. Se los acusa de instigar actividades violentas de protesta y participar en ellas y de pertenecer a una asociación no autorizada.

Amnistía Internacional teme que estos detenidos estén siendo objeto de persecución por su destacado papel como defensores de los derechos humanos, así como por su defensa pública de la libre determinación del Sáhara Occidental.

Recientemente, los ocho detenidos han contribuido de manera decisiva a reunir y difundir información sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas marroquíes contra manifestantes saharauis en el contexto de diversas protestas organizadas en El Aiún y otras localidades de Marruecos y el Sáhara Occidental desde mayo de 2005.

En opinión de Amnistía Internacional, estas personas podrían ser presos de conciencia, motivo por el cual la organización está presente en los procedimientos judiciales, que comenzaron el 30 de noviembre.

 Estados Unidos

Y esta semana acabamos con una cifra: En Estados Unidos, desde 1976, cuando la Corte Suprema restableció la pena de muerte, el Estado ha matado en nombre de la justicia a casi un millar de personas.

Cuando está a punto de llevarse a cabo la ejecución número 1.000, Amnistía Internacional, junto con una amplia gama de organizaciones de derechos humanos, grupos de justicia social y personas preocupadas, pide a las autoridades federales y estatales de Estados Unidos que pongan fin de inmediato a todas las ejecuciones.

La pena de muerte es por naturaleza ineficaz, arbitraria e inútil para disuadir de cometer delitos. Lo que hace en realidad es crear más víctimas y degradar a la sociedad en general.

Últimas tendencias, como las de los estados de Nueva York, Illinois y Nueva Jersey, que han declarado una suspensión de las ejecuciones, revelan que es posible poner fin a la pena de muerte en Estados Unidos en un futuro próximo.

Lo que hace falta ahora es que los dirigentes políticos federales y estatales den una muestra de valor, sabiduría y liderazgo y pongan fin a la pena de muerte de una vez por todas.

En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un (...)
Archivos anuales
Canal RSS/Podcast

ÚLTIMAS EDICIONES



202008informativoai.mp3
MP3 |2.5 MB




202007informativoai.mp3
MP3 |2.6 MB




202006informativoai.mp3
MP3 |3.1 MB

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 230