Esta semana comenzamos en España pidiendo una ley de armas que garantice transparencia. De ahí, nos trasladamos a Irak para condenar las últimas ejecuciones, pediremos garantías para la libertad de expresión en Venezuela y acabaremos en Guinea Ecuatorial, expresando nuestra preocupación ante la posible extradición de Simon Mann a este país africano donde se cometen numerosas violaciones de derechos humanos y no se dan las garantías para la celebración de juicios justos.

18 de mayo de 2007
| Producción: URCM
| Duración: 00:05:51

Ley de Comercio de Armas en España

Empezamos en España, donde Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam entregaron en el Parlamento la semana pasada más de 60.000 firmas para pedir a todos los grupos parlamentarios una ley de armas sin “agujeros”, que garantice el control y la transparencia de este comercio.

A esta demanda se une la preocupación por las exportaciones españolas de material de defensa y de doble uso a países en los que existe un conflicto armado o tensiones regionales, o a destinos donde las armas pueden ser utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de diciembre el Proyecto de Ley sobre comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace acogieron con satisfacción su aprobación al tratarse de una demanda histórica apoyada por cientos de miles de ciudadanos.

La realidad es que la propuesta gubernamental introduce muy pocos avances con respecto a la normativa existente y debe ser modificada en su trámite parlamentario si se quiere en España una ley que garantice un control más estricto, transparente y responsable del comercio de armas.

Lapidaciones públicas en Irak

Viajamos ahora a Irak, concretamente al Kurdistán, donde la semana pasada un grupo de varones, entre los que había familiares, lapidó públicamente hasta la muerte a una menor por mantener una relación con un musulmán suní y, aparentemente, por haberse convertido al islam.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción las condenas públicas que ha hecho el gobierno regional kurdo de estos hechos y de la posterior ejecución sumaria de 23 trabajadores yazidíes, cerca de Mosul.

Amnistía Internacional se ha dirigido al gobierno kurdo solicitando detalles de estos casos, incluidos los nombres de las personas juzgadas por presuntos crímenes por motivos de "honor", el número de personas condenadas y las penas impuestas en cada caso. La organización también ha escrito al gobierno iraquí para pedir información sobre las investigaciones en relación con la muerte por lapidación de Du’a Khalil Aswad y el posterior asesinato de 23 trabajadores yazidíes, solicitando que los autores de estos crímenes respondan de sus actos ante la justicia sin demora y de forma imparcial.

Libertad de expresión en Venezuela

Nos trasladamos ahora a Venezuela para hablar de libertad de expresión. Ante el posible cierre de Radio Caracas Televisión, Amnistía Internacional se ha dirigido a las autoridades venezolanas para recordarle que tienen la obligación de garantizar la libertad de expresión, incluyendo la de sus oponentes.

Para Amnistía Internacional, éste es el último acto de una serie de medidas que han venido mermando crecientemente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Otros incluyen la agresión y amenazas a periodistas, los procesos penales contra comunicadores sociales y la promulgación de medidas legislativas que coartarían la libertad de expresión.

Es imperativo que las autoridades venezolanas protejan el derecho de libertad de expresión y que envíen un mensaje claro de rechazo a cualquier ataque contra periodistas. El trabajo de los medios de comunicación es el de reflejar opiniones y puntos de vista sobre las diferentes realidades y problemas que aquejan a la población. Si un gobierno restringe esa libertad, está amenazando una de las piedras angulares de la sociedad.

Extradición de Simon Mann a Guinea Ecuatorial

Esta semana nos despedimos desde Guinea Ecuatorial, donde Amnistía Internacional tiene motivos de preocupación sobre la imparcialidad de los juicios y las torturas y los malos tratos que se producen en el país. Éste es el caso de Simon Mann, acusado de conspiración para derribar al presidente ecuatoguineano y cuya extradición desde Zimbabue ha sido solicitada y se encuentra en período de apelación.

Guinea Ecuatorial tiene un oscuro historial de juicios por motivos políticos. Hasta la fecha, ninguno de estos juicios se ha ajustado a las normas internacionales. De la misma manera, el país tiene un amplio bagaje de torturas sistemáticas contra personas detenidas por motivos políticos.

Por ello, y aunque las autoridades han expresado que Simon Mann tendrá un juicio justo, dados los precedentes, a Amnistía Internacional le preocupa seriamente la posibilidad de que no sea así.

En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un (...)
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